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Argentina a 1 de mayo, 2025.- A más de tres años de la muerte de Diego Armando Maradona, el juicio contra los profesionales de la salud que lo atendieron sigue revelando detalles escalofriantes. En la más reciente audiencia, el médico intensivista Fernando Villarejo aseguró que «el Diez no era apto para una internación domiciliaria», especialmente tras la neurocirugía a la que fue sometido semanas antes de su fallecimiento.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, a los 60 años. De acuerdo con la autopsia, su muerte fue causada por un edema pulmonar agudo, pero hoy se investiga si hubo negligencia médica por parte del equipo que lo atendió.
¿Por qué no debió estar en casa?
Villarejo, jefe de cuidados intensivos de la Clínica Olivos —donde Maradona fue operado el 3 de noviembre—, testificó que debido a la complejidad de su estado físico y mental, el exfutbolista necesitaba atención especializada en una clínica de rehabilitación, no en su hogar.
«Estaba con sedantes, era un paciente que necesitaba monitoreo constante. No creía que se pudiera desinstitucionalizar», declaró.
Además de su reciente cirugía, Maradona atravesaba un proceso de desintoxicación por alcohol, algo que, según el especialista, es extremadamente difícil de manejar en casa.
Señalamientos graves contra su médico de cabecera
Villarejo señaló directamente al médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, como uno de los principales responsables de que el ídolo no fuera trasladado a una clínica especializada. Según su testimonio, tanto Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov (ambos imputados) insistieron en que Villarejo lo sedara por tiempo indeterminado.
“Luque nos decía que el verdadero problema era que Maradona era inmanejable desde lo conductual”, explicó.
Aunque el intensivista se negó a mantenerlo sedado por tiempo indefinido, accedió a hacerlo durante 24 horas.
¿Qué cargos enfrentan los acusados?
Luque, Cosachov, y otros profesionales —incluyendo enfermeros y un psicólogo— están siendo juzgados por homicidio con dolo eventual, es decir, se les acusa de haber actuado sabiendo que sus decisiones podían causar la muerte del paciente.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de 8 a 25 años de prisión. El juicio, que inició el 11 de marzo, se extenderá hasta julio. La próxima audiencia será este martes.
