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CDMX a 21 de septiembre, 2025.- Vidulfo Rosales Sierra, quien por 11 años fue abogado representante de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha asumido un nuevo papel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A partir de finales de septiembre de 2025, Rosales se integró como Secretario de Estudio y Cuenta dentro de la Coordinación General de Asesores de la presidencia del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
Su partida del caso Ayotzinapa ocurrió el 21 de agosto, cuando alegó razones de salud, falta de recursos y dificultad para continuar representando a los padres de los estudiantes. Aunque él mismo negó que su decisión estuviera motivada por el compromiso con la Corte, durante ese mes se encontraba en diálogo con el ministro Aguilar.
Como Secretario de Estudio y Cuenta, su responsabilidad será estudiar y analizar expedientes de asuntos de la SCJN, elaborar propuestas de resolución para la ponencia a la que está adscrito, participar en sesiones del Pleno o Salas y apoyar en el desarrollo jurisdiccional y administrativo de casos que le corresponden a su rol.
En cuanto a su remuneración, el cargo le otorgará un sueldo bruto mensual de aproximadamente 167,671.23 pesos, que tras descuentos e impuestos quedará en un neto de alrededor de 118,138.37 pesos mensuales. Además, disfrutará de prestaciones comunes en altos cargos del Poder Judicial: seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, primas quinquenal, estímulos varios (como lentes graduados, licencias por incapacidad, apoyo funerario), entre otros.
El nombramiento de Rosales ha generado reacciones encontradas. Para algunos, su transición del litigio defensivo —representando uno de los casos más simbólicos de violaciones de derechos humanos en México— a un cargo institucional judicial plantea interrogantes sobre independencia, prioridades y compromisos. Para otros, se ve como un movimiento natural hacia la institucionalización de su experiencia.
Este nuevo rol le otorga acceso a influir en decisiones judiciales desde la Corte, pero también lo pone bajo la lupa pública: sus decisiones están sujetas a transparencia, escrutinio y expectativas, especialmente dada la naturaleza del caso Ayotzinapa.
Así, Vidulfo Rosales entra oficialmente en un espacio de poder que le exige equilibrio: aportar desde la oficina de la Corte, sin dejar de ser un referente de derechos humanos para muchas de las personas que lo conocieron como defensor. El reto será enorme, pero su llegada ya marca un nuevo capítulo institucional que todos estarán observando.
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