Las motocicletas solicitadas mediante aplicaciones como Uber y DiDi se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada por miles de capitalinos debido a que pueden costar hasta 70% menos que un viaje en automóvil y reducir significativamente los tiempos de traslado. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) mantiene que este servicio opera fuera del marco legal en la Ciudad de México, lo que implica riesgos jurídicos y de protección para los usuarios en caso de accidente.
El crecimiento de este tipo de transporte responde principalmente al incremento en los costos de movilidad y a la congestión vehicular que caracteriza a la capital del país. Para muchos usuarios, viajar en motocicleta representa una opción rápida y económica, especialmente en trayectos cortos y durante las horas de mayor tráfico.
No obstante, la Semovi reiteró desde julio de 2025 que las plataformas digitales que ofrecen transporte de pasajeros en motocicleta no cuentan con autorización para operar bajo esa modalidad en la Ciudad de México. La dependencia recordó que el Reglamento de la Ley de Movilidad no contempla el servicio de transporte individual de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones.
De acuerdo con la autoridad capitalina, las motocicletas utilizadas para este fin no forman parte del sistema de transporte autorizado y, por tanto, realizan una actividad que carece de reconocimiento legal. En consecuencia, tanto las empresas como los conductores operan fuera del esquema regulatorio previsto para el transporte público o privado de pasajeros.
Uno de los principales riesgos señalados por especialistas y autoridades es la incertidumbre sobre la cobertura de seguros y la responsabilidad civil cuando ocurre un percance vial. Al tratarse de un servicio sin autorización oficial, los usuarios podrían enfrentar dificultades para acceder a indemnizaciones o exigir responsabilidades en caso de lesiones, incapacidad o fallecimiento derivado de un accidente.
La situación también plantea un desafío para las autoridades de movilidad, que enfrentan el crecimiento de nuevas modalidades de transporte impulsadas por plataformas digitales, mientras el marco normativo vigente aún no contempla reglas específicas para su operación. El debate gira entre la necesidad de ampliar las opciones de movilidad y garantizar condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y conductores.
Aunque las aplicaciones continúan ofreciendo este servicio en distintas zonas de la capital, la postura oficial del Gobierno de la Ciudad de México permanece sin cambios: el transporte de pasajeros en motocicletas por aplicación no está autorizado y, por lo tanto, quienes lo utilizan asumen riesgos adicionales derivados de la falta de regulación.
El caso evidencia la velocidad con la que evolucionan los servicios digitales frente a una legislación que aún busca adaptarse a nuevas formas de movilidad. Mientras no exista una regulación específica, el ahorro económico que representa este servicio seguirá acompañado de incertidumbre legal y de protección para los usuarios.
