La audiencia por el asesinato de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016, volvió a colocar bajo escrutinio a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), luego de que la activista Kenya Cuevas denunciara actos de transfobia y malgenerización por parte de personal ministerial. El conflicto escaló hasta una protesta de colectivos trans en instalaciones de la Fiscalía, mientras la institución mantiene abierta la posibilidad de reclasificar el delito.
La controversia surgió el 1 de septiembre, durante la audiencia relacionada con Arturo “N”, detenido en Nicolás Romero, Estado de México, como presunto responsable del asesinato de Buenrostro. De acuerdo con los reportes sobre la diligencia, el Ministerio Público presentó inicialmente el caso como homicidio calificado, en lugar de transfeminicidio, clasificación que provocó la inconformidad de la familia social de Paola y organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque el caso de Paola Buenrostro está directamente relacionado con el proceso que derivó en la incorporación del transfeminicidio al marco jurídico de la capital. El Congreso de la Ciudad de México documentó la aprobación de reformas para tipificar este delito y garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia transmisógina, en memoria de Paola.
Durante la audiencia, Kenya Cuevas denunció que personal del Ministerio Público la habría identificado mediante un nombre que ya no utiliza y que también se habría referido a ella en términos masculinos. La activista sostuvo que estas conductas representan una vulneración a su identidad de género y cuestionó que, a casi una década del asesinato de Paola, persistan prácticas que considera discriminatorias dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia.
La inconformidad no se limitó a la clasificación jurídica del caso. Integrantes de Casa de las Muñecas Tiresias y otros colectivos trans se movilizaron hacia instalaciones de la Fiscalía especializada, donde exigieron diálogo con las autoridades y la reclasificación del delito. Durante la protesta se registraron momentos de tensión, ingreso de manifestantes al inmueble y daños en las instalaciones, además de un enfrentamiento con personal de seguridad que utilizó extintores para contener a las inconformes.
El conflicto también expuso una contradicción institucional: mientras la detención de Arturo “N” representa un avance en un expediente que permaneció abierto durante años, la forma en que fue presentado el caso ante el órgano jurisdiccional generó nuevas críticas sobre la aplicación de la perspectiva de género y el reconocimiento de la identidad de las víctimas. La Fiscalía capitalina señaló que la posibilidad de reclasificar el delito permanece abierta para una etapa posterior del proceso.
El antecedente resulta particularmente sensible porque la propia Fiscalía de la Ciudad de México reconoció años atrás responsabilidades institucionales relacionadas con el caso de Paola Buenrostro. La Comisión de Derechos Humanos de la capital también documentó deficiencias en la actuación de las autoridades, entre ellas el desconocimiento de la identidad de género de Paola y de Kenya Cuevas como víctima indirecta. Posteriormente, la Fiscalía ofreció una disculpa pública por su actuación.
Por ello, la exigencia actual de los colectivos trasciende la denominación jurídica del delito y coloca nuevamente en el centro el desempeño de las instituciones de procuración de justicia frente a las personas trans. Para las organizaciones, reconocer la identidad de género de las víctimas y garantizar una investigación con perspectiva de género son elementos indispensables para evitar que los procedimientos judiciales reproduzcan prácticas discriminatorias.
El caso también plantea un reto para la FGJ-CDMX: demostrar que la detención de un presunto responsable no representa el punto final de la investigación, sino el comienzo de un proceso capaz de garantizar verdad, justicia y reparación. Mientras la Fiscalía analiza la posible reclasificación, colectivos trans mantienen su demanda de que el asesinato de Paola Buenrostro sea investigado y procesado bajo una perspectiva acorde con la legislación vigente.
