Por Bruno Cortés
¿Se puede pedir a un municipio que cuide cada árbol de sus banquetas mientras las grandes obras de gobierno no rinden cuentas por la selva que se pierde? Esa fue la pregunta de fondo que planteó la senadora Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al fijar su postura sobre el dictamen de arborización urbana en el Senado de la República.
La legisladora por Hidalgo respaldó la reforma, pero sostuvo que la protección ambiental también debe aplicarse a las grandes obras de los gobiernos federal y estatales. Su posicionamiento quedó registrado en el boletín 202 del Grupo Parlamentario del PRI, fechado el 12 de noviembre de 2026.
Una exigencia para las ciudades, otra para las megaobras
El dictamen respaldado reforma diversas disposiciones de las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de Cambio Climático, para impulsar la arborización urbana y semiurbana. En la práctica, buena parte de esa tarea recae en municipios y ciudades.
Viggiano señaló que no puede exigirse a municipios y ciudades el cuidado de cada árbol mientras persisten dudas sobre los daños a selvas, ríos y cuencas por proyectos de gran escala. Es, en su planteamiento, un problema de congruencia: la misma vara debe medir a la banqueta y a la megaobra.
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El ejemplo: el Tren Maya
Para sostener su argumento, la senadora mencionó un análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Según lo que expuso, ese estudio estimó la pérdida de 6 mil 18 hectáreas de selva vinculadas con los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya entre 2019 y enero de 2024, e identificó 185 bancos de materiales cuyo impacto abarcó otras mil 55 hectáreas forestales.
A partir de esos datos, pidió al Gobierno federal informar sobre tres aspectos: el impacto ambiental real de estas obras, las autorizaciones otorgadas y las acciones de reparación. Es decir, qué se dañó, quién lo permitió y qué se está haciendo para remediarlo.
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Hidalgo: zona de restauración y agua contaminada
El reclamo no se quedó en el sureste. Al referirse a Hidalgo, su estado natal, Viggiano recordó que en septiembre de 2024 el Gobierno federal declaró más de 36 mil 637 hectáreas del área de influencia de la presa Endhó como zona de restauración ecológica.
Expuso que un estudio técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) documentó contaminación industrial alta o muy alta en 66% de los sitios de agua superficial muestreados. También reportó contaminación por materia orgánica biodegradable en 48% de los sitios y presencia de coliformes fecales en 58%.
Medir lo que sobrevive
En el terreno de la reforma misma, la senadora pidió que la política ambiental cuente con metas verificables, presupuesto para mantenimiento e indicadores que permitan conocer cuántos árboles sobreviven. La lógica es la misma que aplica a las grandes obras: rendir cuentas con datos y no solo con anuncios.
Sembrando Vida, fuera de Bienestar
El último punto apuntó al programa Sembrando Vida. Viggiano pidió revisarlo para garantizar el cumplimiento de sus objetivos ambientales y un seguimiento adecuado. Cuestionó su operación bajo la Secretaría de Bienestar y consideró que su incorporación a la Semarnat permitiría fortalecer su orientación hacia la restauración de bosques y zonas naturales, sin fines clientelares ni electorales.
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Sin respuesta, por ahora
El boletín del PRI no recoge una respuesta del Gobierno federal a la solicitud de información sobre el Tren Maya ni precisa por qué vía formal se presentaría. La exigencia, sin embargo, deja planteado un debate que va más allá de la arborización: si el Estado pide a los gobiernos locales cuidar cada árbol, también tendrá que explicar qué pasó con las hectáreas de selva que se perdieron en sus propias obras.
