LUNES 27 DE ABRIL 2026
#VisiónMX: Justicia de ventanilla
Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La política mexicana siempre ha sido un escenario de contrastes, pero pocas veces la asimetría en el ejercicio del poder ha sido tan evidente como en la reciente agenda. El anuncio de la comparecencias de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, junto con la presentación del Plan Estratégico de Justicia 2026-2029 por parte de la Fiscal General, Ernestina Godoy, coloca sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿es la rendición de cuentas un ejercicio democrático o una herramienta de disciplinamiento político?
La gobernadora chihuahuense ha sido llamada para explicar la muerte de agentes extranjeros en territorio nacional, un hecho de innegable gravedad que exige claridad. Sin embargo, el ímpetu con el que la mayoría legislativa busca escrutar a una administración de oposición contrasta, de forma casi caricaturesca, con el silencio sepulcral que rodea a figuras del oficialismo cuyos nombres aparecen de forma recurrente en expedientes que nadie parece querer abrir. Mientras a Maru Campos se le prepara un estrado que huele a banquillo de los acusados, los «intocables» del movimiento parecen transitar por una alfombra roja de impunidad.
Ahí están, por citar solo algunos ejemplos, los señalamientos sobre Adán Augusto López y su presunta cercanía con figuras señaladas por nexos con el crimen en Tabasco; las dudas sobre los contratos y el estilo de vida de los hijos del expresidente, Andrés y Gonzalo López Beltrán; o la cuestionable gestión de personajes como Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Evelyn Salgado en Guerrero, estados donde la gobernabilidad parece haber cedido terreno ante el control territorial de grupos fácticos. Para ellos, no hay citatorios urgentes ni comisiones especiales de investigación.
Lo que no queda claro es cómo el Estado pretende recuperar la confianza ciudadana cuando la justicia se aplica con un ojo cerrado. La propia Ernestina Godoy llega al Senado para proponer un modelo de procuración de justicia basado en inteligencia y tecnología para «poner al Estado un paso adelante del crimen». El discurso es impecable: eficiencia, modernización y combate a la burocracia opaca. No obstante, la efectividad de cualquier algoritmo de inteligencia se anula cuando el criterio para perseguir un delito depende del color del carnet partidista.
El momento genera suspicacias legítimas. ¿Cómo creer en un plan estratégico que promete erradicar la impunidad cuando el propio sistema protege a exgobernadores como Cuauhtémoc Blanco o protege de cualquier fiscalización a figuras como Félix Salgado Macedonio? La narrativa de la «austeridad republicana» y la «rectitud moral» se erosiona cada vez que un escándalo de corrupción interna es minimizado como un «ataque de la oposición», mientras que cualquier fallo en un gobierno ajeno es elevado a la categoría de traición a la patria.
Este doble estándar no solo debilita a las instituciones, sino que envía un mensaje peligroso: la ley no es un marco de convivencia, sino un garrote político. En un país donde las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación suman miles de millones de pesos y donde la recuperación de recursos es marginal, la justicia selectiva es, en esencia, una forma de injusticia.
Tal vez el mayor riesgo de esta etapa no sea la ineficacia administrativa, sino la pérdida total de la vergüenza institucional. En el pasado, incluso bajo el régimen del partido hegemónico que tanto se critica, existían momentos donde el sistema, por pura sobrevivencia o pragmatismo, se veía obligado a entregar piezas propias al altar de la justicia para mantener la ficción del orden. Hoy, parece que esa cortesía mínima ha desaparecido, bajo la premisa de que la lealtad política es el único salvoconducto necesario para la libertad.
APUNTES CLAVE:
SIN PRISA:El diputado Ricardo Monreal Ávila señaló que es poco probable aprobar la legislación secundaria del “Plan B” electoral antes de que concluya el periodo ordinario –este 30 de abril–, ya que no se ha considerado como prioridad en la agenda. Indicó que aún existe la opción de discutirla en mayo mediante un periodo extraordinario, aunque advirtió que sin estas leyes podría generarse un debate constitucional sobre su aplicación. Además, recordó que cualquier cambio debe concretarse antes del 31 de mayo por los tiempos del proceso electoral de 2027. //OPOSITORES: De acuerdo con la encuesta de México Elige, los coordinadores de oposición encabezan la aprobación en la Cámara de Diputados. Elías Lixa ocupa el primer lugar, seguido por Rubén Moreira Valdez y Ivonne Ortega. En contraste, los coordinadores del oficialismo presentan niveles menores, con Ricardo Monreal Ávila en cuarto sitio. Los resultados muestran una diferencia en la percepción ciudadana entre ambos bloques parlamentarios. //PERCEPCIÓN: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la percepción de inseguridad en México bajó a 61.5% en marzo de 2026, desde 63.8% en diciembre de 2025, según la ENSU. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se reforzará la coordinación con autoridades locales para mantener esta tendencia. Los datos muestran diferencias entre ciudades y una brecha de género, con mayor percepción de riesgo en mujeres. Además, la ciudadanía confía más en las Fuerzas Armadas que en las policías locales y una parte importante ha cambiado hábitos ante la situación de seguridad. //MANTO: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Marcelo Ebrard Casaubón continuará en el cargo pese a señalamientos por un presunto uso indebido de instalaciones diplomáticas por parte de su hijo. Indicó que ya se realiza una revisión administrativa para esclarecer los hechos, mientras el funcionario negó el uso de recursos públicos. La mandataria destacó que se prioriza la estabilidad económica y las negociaciones con Estados Unidos, en un contexto clave para la inversión y el comercio. //JUSTICIA: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió que se investigue a todos los responsables tras la detención de Fernando Farías Laguna en Argentina, incluyendo a exfuncionarios del gobierno anterior. Aunque reconoció la coordinación de autoridades como la SSPC en este caso, insistió en que no debe haber impunidad y que los procesos se realicen con transparencia. El PRI adelantó que respaldará acciones de seguridad con resultados, pero mantendrá una postura crítica frente a las autoridades.
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