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Por Bruno Cortés
El diputado federal Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados exhortando a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a iniciar investigaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
Moreira Valdez señaló como preocupantes la distribución de «acordeones» para orientar el voto, el uso indebido de recursos públicos, el acarreo de personas y la intervención de estructuras partidistas y servidores públicos en el proceso, lo que podría constituir delitos electorales.
Según el legislador, estas prácticas afectan la legitimidad de la elección y ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial, al distorsionar los principios de equidad, libertad y transparencia en el proceso democrático.
La elección de jueces y magistrados por voto popular ha sido objeto de controversia, generando un amplio debate nacional. Mientras algunos sectores la defienden como una medida de democratización del Poder Judicial, otros advierten sobre la posible subordinación del mismo a intereses políticos.
Moreira ha calificado la organización de este proceso como una “simulación democrática” y urgió a las autoridades competentes a garantizar que las elecciones se desarrollen con estricto apego a la legalidad, sin intervención de operadores políticos ni uso de programas sociales.
A juicio del legislador, permitir que se impongan prácticas clientelares en un proceso tan sensible como la renovación del Poder Judicial representa un grave retroceso democrático y un atentado contra la separación de poderes.
Por ello, el punto de acuerdo busca que la Fiscalía actúe con diligencia, para investigar posibles actos ilícitos y establecer responsabilidades. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia institucional y participación ciudadana.
El exhorto también incluye un llamado a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control para que investiguen la posible participación de servidores públicos en tareas de proselitismo o coacción del voto.
Con esta iniciativa, Rubén Moreira busca encender las alertas institucionales y exigir que se blinde la elección judicial contra cualquier forma de manipulación política, en defensa del Estado de Derecho y la integridad del sistema democrático mexicano.
