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Ayer la Cámara de Diputados se movió con ese ritmo particular que solo aparece cuando coinciden una fecha simbólica y un tema caliente en la agenda legislativa. Era 25 de noviembre, Día Naranja, y desde temprano se notaba: moños, ropa alusiva y ese ánimo solemne de reconocer que la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta en el país. En los pasillos, en el Pleno, en los discursos, todo recordaba que no se trataba de un día más.
En medio de esa atmósfera, otro asunto terminó llevándose reflectores: la extorsión. Ese delito que se volvió parte del día a día de millones y que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza del país. Justo ayer llegó al Pleno la minuta del Senado para votarse, cerrar el proceso legislativo y finalmente sacar adelante la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, junto con todo el paquete de reformas que la acompaña.
La minuta llegó con ajustes que fueron bien recibidos. Se corrigieron las penas para evitar que en algunos estados quedaran más altas que a nivel federal, lo que hubiera significado abrir la puerta a la liberación de extorsionadores. También se enmendó esa redacción polémica sobre “medios de comunicación” como agravante; ya quedó claro que el tema es la extorsión por vía telefónica o telecomunicaciones, no la labor periodística.
Dos puntos clave permanecieron intactos: las denuncias anónimas y la persecución por oficio. En un país donde denunciar puede costarte la tranquilidad —o algo peor—, que la autoridad pueda investigar sin exponer a la víctima es prácticamente indispensable.
Entre las preguntas surgió también el tema de los funcionarios públicos. Aunque hubo quien buscó suavizarles las sanciones, la respuesta fue frontal: si alguien debe tener más responsabilidad legal y ética, es quien representa al Estado, no menos.
Mientras todo esto se discutía, seguían rondando las protestas de transportistas del día anterior, recordando que la inseguridad en carreteras ya dejó de ser un problema aislado. Se decía en los pasillos: medio punto del PIB se pierde por extorsiones, robos y riesgos en el transporte. Y aunque desde Gobernación se minimizó el motivo de las movilizaciones, en la Cámara el tono fue diferente. Aquí se dijo claro que las carpetas se deben abrir contra delincuentes, no contra quienes intentan trabajar.
Ayer, entre el naranja que exigía justicia para las mujeres y la urgencia de frenar un delito que asfixia al país, la Cámara de Diputados buscó mandar una señal: que al menos desde la ley se está intentando recuperar el control. Y aunque falta mucho, por lo menos algo se movió en el Congreso.
