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En los últimos días, se desató un choque político que parece sacado de una película de suspenso. Grupo Salinas, el poderoso conglomerado detrás de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca, ha lanzado una ofensiva mediática contra el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. En un comunicado contundente, acusa que están siendo usados como “distractor” para desviar la atención pública de lo que, según ellos, realmente importa: la complicidad entre Morena y organizaciones criminales.
El origen del conflicto: durante una conferencia matutina, la presidenta mencionó adeudos fiscales del Grupo Salinas y cuestionó la forma en que obtuvo concesiones como TV Azteca y ADN 40. En respuesta, el consorcio calificó esos señalamientos como persecución política y autoritaria, y defendió que los procesos de adquisición se hicieron con transparencia y apego a la ley. Grupo Salinas asegura que no hay deuda pendiente por la compra de TV Azteca y que sus concesiones tienen vigencia hasta 2042.
Parte de sus señalamientos apuntan directo al corazón del poder morenista: acusan a figuras clave del partido de tener vínculos oscuros con el narcotráfico, en especial al senador y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Además, llaman la atención sobre un vuelo polémico —llamado “Comandante H”— que habría hecho una escala de nueve horas en Chiapas, donde radica el expresidente Andrés Manuel López Obrador. También critican las reformas propuestas a la Ley de Amparo, que —sostienen— podrían debilitar los derechos ciudadanos frente al Estado.
Este enfrentamiento se inserta en un contexto más amplio: el SAT y Hacienda han acusado al Grupo Salinas de adeudar más de 74 mil millones de pesos por impuestos omitidos, en múltiples juicios fiscales que se arrastran durante años. El gobierno sostiene que se han empleado amparos dilatorios para evitar pagos. Por su parte, el magnate ha respondido que esas acusaciones tienen motivaciones políticas y buscan silenciar voces críticas.
Una batalla legal reciente le dio otro revés: TV Azteca perdió un juicio fiscal y deberá pagar más de 3,500 millones de pesos tras denegarse un amparo. Grupo Salinas calificó el fallo como sesgado e indicó que recurrirá hasta la Suprema Corte para que revisen el caso.
Aunado a esto, la ministra Lenia Batres de la SCJN denunció públicamente que en los juicios relacionados con Salinas Pliego se han admitido decenas de recursos dilatorios, lo que ha retrasado resoluciones clave y favorecido al empresario.
El choque no parece ser solo contable o legal: es político. Grupo Salinas afirma que no se van a callar, que no se van a rendir, y que harán frente al acoso y la extorsión fiscal. En el ojo del huracán, el magnate Ricardo Salinas Pliego (uno de los empresarios más ricos de México) reclama que están en tela de juicio su libertad de expresión y el futuro de sus empresas.
La disputa es feroz, con acusaciones cruzadas, cualquier juez del poder y el papel de los tribunales como escenario decisivo. En esta refriega se juega más que el destino de un grupo empresarial: se dirimen fronteras de poder, sensibilidad mediática y hasta la credibilidad del sistema judicial mexicano.
S C
