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En la antesala de una posible reforma político-electoral, Kenia López Rabadán dejó claro que, si la iniciativa presidencial llega a la Cámara de Diputados, no pasará sin discusión amplia. Desde la presidencia de la Mesa Directiva, aseguró que el recinto legislativo será espacio de diálogo plural y que no se tomará una decisión acelerada que deje fuera a voces técnicas o ciudadanas.
Para quien no sigue el día a día del Congreso, esto significa algo importante: las reglas con las que se organizan las elecciones —cómo se cuentan los votos, quién supervisa, cuánto se puede gastar y qué garantías existen para que el resultado sea confiable— podrían modificarse, pero bajo un proceso abierto. López Rabadán sostuvo que se escuchará a organizaciones civiles, especialistas, autoridades y a cualquier actor interesado en fortalecer la democracia.
Uno de los puntos centrales de su postura es que la austeridad no puede convertirse en argumento para debilitar el sistema electoral. Ahorrar recursos públicos, dijo en términos claros, es deseable; lo que no sería aceptable es que el ahorro implique menos certeza en las elecciones o ponga en duda que el voto de cada ciudadano sea respetado. En política pública, el equilibrio está en reducir costos sin comprometer la calidad institucional.
Cuestionada sobre los tiempos, la legisladora afirmó que siempre habrá margen para realizar cambios que fortalezcan la democracia, incluso si el calendario electoral se aproxima. El mensaje busca disipar la idea de que cualquier ajuste sería improvisado o impuesto sin debate.
En otro frente, la presidenta de la Mesa Directiva también abordó la salida del exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Señaló que existen preocupaciones respecto a decisiones tomadas durante su gestión, particularmente en relación con la representación de la lucha de las mujeres en los libros de texto. Consideró que debe hacerse una revisión objetiva de los materiales autorizados por Max Arriaga, para evaluar si reflejan una visión incluyente y acorde con la realidad social del país.
En síntesis, el mensaje político es claro: el Congreso no debe ser una oficialía de partes que apruebe reformas sin análisis. Si se van a tocar las reglas del juego electoral o los contenidos educativos, el proceso —según López Rabadán— debe ser transparente, técnico y abierto a la sociedad. En un año clave para la vida pública del país, esa promesa de deliberación será puesta a prueba.
