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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, pidió una nueva reforma al sistema judicial mexicano que permita revertir sentencias definitivas cuando se compruebe que fueron producto de la corrupción, errores procesales o irregularidades graves. Esto, dijo, busca combatir lo que llamó la “cosa juzgada fraudulenta”, un concepto que impide rectificar decisiones judiciales que ya fueron dictadas, aunque estén viciadas.
Desde Colima, durante el foro “Mujeres que transforman el Derecho”, Batres señaló que la actual estructura jurídica impide anular sentencias firmes, incluso si se basan en contratos ilegales o despojos cometidos en perjuicio de personas vulnerables, especialmente en el ámbito agrario y laboral.
“Hay muchos casos que por el principio de cosa juzgada se quedan en la impunidad. Hemos abordado en la Corte al menos tres asuntos donde se usaron contratos ilegales, pero no se revirtieron”, lamentó.
Cosa juzgada… ¿intocable?
El principio de “cosa juzgada” impide reabrir casos ya concluidos, lo que brinda certeza jurídica. Sin embargo, cuando se trata de decisiones basadas en corrupción o vicios de origen, este principio también puede blindar injusticias, especialmente en sectores donde las víctimas carecen de medios para defenderse.
Batres planteó que esta problemática afecta, sobre todo, a mujeres y comunidades rurales, donde muchas veces se legalizan despojos por medio de maniobras ilegales o firmas sin sustento legal.
“Debemos pensar muy particularmente en las mujeres en condiciones más humildes. Es allí donde se multiplica la injusticia”, sostuvo.
Un llamado a reformas profundas
La ministra —cercana a la Cuarta Transformación y electa para un nuevo periodo en la SCJN— citó también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha urgido a los Estados a legislar sobre mecanismos que permitan anular la cosa juzgada fraudulenta, con base en estándares internacionales de derechos humanos.
Este planteamiento se suma a un contexto nacional en el que ya se discuten reformas estructurales al Poder Judicial, impulsadas desde el Ejecutivo y el Congreso, y que podrían modificarse profundamente tras las elecciones de 2024 y la llegada de un nuevo periodo legislativo en septiembre de 2025.
Acompañada por la gobernadora de Colima
El evento fue organizado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Colima, con motivo del Día del Abogado y la Abogada, y contó con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien también ha impulsado agendas progresistas en temas de justicia y derechos de las mujeres.
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