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Por Bruno Cortés
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rindió cuentas ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados. Presidida por Ricardo Monreal, dicha instancia organizó una comparecencia en la que Omar García Harfuch presentó un diagnóstico del avance de la estrategia federal de seguridad.
Al término del ejercicio, Monreal ofreció una conferencia de prensa en la que destacó que el diálogo fue “muy serio” y que todos los coordinadores y vicecoordinadores pudieron realizar preguntas directas al secretario. La comparecencia superó las tres horas.
García Harfuch abordó varios focos clave: en primer lugar, detalló la detención del líder del grupo criminal conocido como La Barredora en Tabasco y la caída de otros operativos entre febrero y la fecha, tras el refuerzo ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario apuntó que, gracias al reforzamiento institucional, la incidencia delictiva en dicha entidad registra una reducción de más del 48 %.
En el tema de Sinaloa, García Harfuch reconoció un repunte de homicidios tras la desarticulación de una célula criminal relevante, pero aseguró que de julio en adelante la tendencia volvió a la baja. Indicó que la entidad es prioridad nacional y que las fuerzas federales y estatales trabajan de manera permanente para fortalecer el combate.
Respecto a la crisis de desapariciones, citó un reporte que alerta de un aumento cercano al 18 % respecto al sexenio anterior. García Harfuch subrayó que el gobierno federal presentó una reforma en marzo para homologar cómo se registran los desaparecidos y que la nueva ley ya fue aprobada en junio. También indicó que se fortalecerán las fiscalías estatales para que, ante una denuncia, se actúe de inmediato a nivel nacional.
Sobre el delito de extorsión, el secretario indicó que con la línea 089 se han recibido más de 59 000 llamadas de auxilio; de ellas, se frustraron el 74 % gracias a la intervención de autoridades y empresas telefónicas. Añadió que más de 400 personas fueron detenidas por este delito en lo que va del año. La nueva ley obliga a los directores de penales a bloquear señales celulares, según la reforma que será aprobada en la tarde.
Monreal reforzó que, si bien algunos datos no pueden hacerse públicos por naturaleza reservada de las investigaciones, los legisladores se sintieron atendidos. “Fue un ejercicio muy serio y con datos que queríamos tener como legisladores”, dijo.
De cara al público chilango, el mensaje fue claro: la seguridad es prioridad para este gobierno y para los diputados que representan a la capital y al país. Ahora toca que los números “se bajen” del Microsoft Excel a la calle.
Queda pendiente que la Cámara de Diputados dé seguimiento puntual a los compromisos anunciados, en particular en Tabasco y Sinaloa, y que los reportes de desapariciones y extorsión sean públicamente transparentes.
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