El mensaje institucional reivindica una justicia más cercana y transparente, pero la cifra de solicitudes también revela una sociedad que exige respuestas. El balance abre una pregunta central: ¿cómo se evaluará que esa nueva cercanía produzca decisiones oportunas y accesibles?
CIUDAD DE MÉXICO.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un balance del primer año de una nueva etapa para la justicia en México. En el mensaje difundido en X, la Corte señaló que junto con otros órganos superiores del Poder Judicial de la Federación dio a conocer sus resultados y defendió una forma de trabajo basada en explicar sus decisiones, mostrar avances y rendir cuentas a la sociedad.
El tono del comunicado es claramente institucional: habla de una justicia más cercana, accesible y capaz de responder a las realidades de las personas. Esa definición es relevante porque coloca la comunicación pública como parte del funcionamiento judicial, no solo como una tarea de difusión. Una institución que explica lo que hace facilita el escrutinio; sin embargo, explicar no sustituye la obligación de resolver.
El dato más concreto incorporado al balance fue compartido por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz: durante el primer año se recibieron más de 10 mil solicitudes de atención. También informó que se realizaron audiencias y reuniones de trabajo con colectivos empresariales, organismos gremiales, autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos y sectores considerados prioritarios.
“La apertura de la SCJN ha propiciado un crecimiento sostenido de la demanda. En este primer año se recibieron más de 10 mil solicitudes de atención; asimismo, se sostuvieron audiencias y reuniones de trabajo con colectivos empresariales, organismos gremiales, autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organismos autónomos y, de manera particular, con sectores de atención prioritaria”, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
La cifra puede leerse de dos maneras. Por un lado, sugiere que la apertura institucional habilitó nuevos canales de contacto con la Corte y que grupos diversos encontraron una vía para plantear problemas. Por otro, evidencia la magnitud de la demanda que llega al máximo tribunal: miles de solicitudes no representan automáticamente miles de soluciones, y tampoco permiten conocer por sí solas cuántos asuntos fueron atendidos, canalizados o resueltos.
Ahí aparece el primer reto crítico del balance. Si la nueva etapa quiere ser evaluada por su cercanía, necesita publicar una metodología que permita distinguir entre solicitudes recibidas, reuniones realizadas, asuntos turnados y respuestas efectivas. También sería necesario conocer los tiempos de atención, los criterios de priorización y la proporción de planteamientos que concluyeron con una orientación útil para las personas.
Las imágenes difundidas por la SCJN muestran un acto público con autoridades judiciales y representantes de distintos sectores. La escena comunica pluralidad y solemnidad, pero una fotografía no puede demostrar el impacto de las decisiones. La representación pública de apertura debe acompañarse con datos que permitan comprobar si los sectores con mayores barreras de acceso participan de manera sostenida y no solo en eventos institucionales.
La cercanía judicial tampoco debe confundirse con la sustitución de otras autoridades. La Corte no puede resolver todos los problemas administrativos, sociales o de seguridad que llegan a la conversación pública. Su responsabilidad es garantizar la interpretación constitucional y la protección de derechos dentro de sus competencias. Por eso, un buen modelo de atención debe orientar, canalizar y responder sin crear expectativas que el tribunal no puede cumplir.
El balance se presenta, además, en un momento de reorganización del Poder Judicial. La SCJN menciona en su publicación a la propia Corte, al Órgano de Administración Judicial, al Tribunal de Disciplina Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La coordinación entre esas instituciones puede ordenar la relación con la ciudadanía, pero también exige límites claros para que la comunicación conjunta no diluya responsabilidades individuales.
La rendición de cuentas debe ir más allá de una lista de actividades. Las audiencias y reuniones son insumos de trabajo, no resultados finales. Para que la sociedad pueda evaluar el desempeño de la justicia, el siguiente paso tendría que incluir indicadores comparables: duración de los procesos, cumplimiento de sentencias, accesibilidad de las resoluciones, lenguaje claro, atención a grupos prioritarios y mecanismos para identificar obstáculos recurrentes.
Hay también una pregunta sobre la demanda. Que más de 10 mil personas o grupos soliciten atención puede reflejar confianza en una institución abierta, pero también puede revelar que otras ventanillas no están funcionando o que el sistema de justicia sigue siendo difícil de comprender. La cifra, aislada, no prueba éxito ni fracaso: necesita contexto, desglose y seguimiento público.
El valor del primer año estará, en última instancia, en la capacidad de transformar el contacto institucional en cambios verificables. Si una audiencia ayuda a corregir una práctica, si una orientación evita una vulneración de derechos o si una sentencia se vuelve más comprensible y ejecutable, entonces la apertura adquiere sentido material. Sin esa trazabilidad, la cercanía corre el riesgo de quedarse en una imagen amable de la burocracia.
La SCJN tiene una oportunidad para consolidar un estándar de comunicación judicial que sea útil para las personas y exigente con la propia institución. Publicar resultados, reconocer pendientes y explicar los límites de sus atribuciones puede fortalecer la confianza más que cualquier consigna. La justicia real no se mide solo por la cantidad de reuniones o solicitudes, sino por la calidad y oportunidad de las respuestas.
El primer balance deja así una señal positiva y una obligación pendiente. La apertura institucional puede mejorar el diálogo con la sociedad, pero ahora debe probar que ese diálogo modifica la manera en que se identifican, atienden y resuelven los problemas. Las más de 10 mil solicitudes son un punto de partida; el resultado será visible cuando las personas puedan saber qué ocurrió después de tocar la puerta.
