La Jabalinada / Bruno Cortés
El poder en México tiene una debilidad conocida: le encanta legislar sobre lo que ve en la pantalla y le cuesta mucho ver lo que pasa fuera de ella. Este martes, entre el acuerdo que manda el celular al cajón en las escuelas, un dictamen del Senado que le pone reglas a internet y una elección en Estados Unidos que Palacio prefirió mirar en silencio, la pantalla fue protagonista de todo.
Empecemos por las aulas. Desde hoy rige en todo el país el acuerdo 09/09/26 de la SEP, publicado en el Diario Oficial el 22 de septiembre, que restringe celulares, relojes inteligentes y demás aparatos personales durante toda la jornada en educación básica. Toda, recreo incluido, como precisó Mario Delgado. En bachillerato cada plantel decidirá en asamblea; en las universidades, la autonomía manda. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el arranque con una jornada de lectura en una secundaria de la Ciudad de México. La foto, impecable.
Hay que reconocerlo: la medida tiene sustento. La consulta que cita el propio acuerdo, aplicada a 565 mil 396 figuras educativas, encontró que 79.7% ve a sus alumnos con problemas para mantener la atención y 29% ha detectado ciberacoso. Diecinueve entidades ya tenían alguna regla y, según la UNESCO, los países con algún tipo de regulación pasaron de 24% en 2023 a 58% este año. No es ocurrencia: es tendencia mundial.
Pero el diablo vive en la mochila. El acuerdo no fija sanciones, presume un enfoque «formativo» y «sin regaños ni castigos», y deja a cada escuela decidir dónde se guardan los aparatos, quién responde si se pierden y cómo se avisa a las familias en una emergencia. Los estados tienen 180 días para armonizar sus normas. Traducción jabalí: la SEP puso la regla y el maestro pondrá el cajón, la llave y la cara con los papás.
Segundo tema, en el Senado. Las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, por 19 votos contra siete, la minuta de San Lázaro que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria de los proveedores de internet. Dicho en castellano de barrio: cuándo la plataforma paga por lo que suben sus usuarios.
El proveedor responderá si incumple las reglas del artículo 114 Octies, o si contribuye, induce o causa la infracción conociéndola, o si puede controlar al usuario infractor y gana dinero directamente con lo pirateado. Las multas del IMPI irán de 5 mil a 40 mil UMA, es decir, de unos 586 mil a casi 4.7 millones de pesos con el valor de 2026. Quien tenga una política pública para cortar el servicio a infractores reincidentes quedará libre de pagar daños y perjuicios.
Emmanuel Reyes Carmona asegura que la minuta «en ningún momento establece que los proveedores tienen la obligación de vigilar o monitorear de manera preventiva sus redes». Ojalá. Porque una cosa es cobrarle al que lucra con la piratería y otra es convertir a cada plataforma en portero nervioso que borra primero y pregunta después. El dictamen llegó al pleno con reservas y votos particulares de varios grupos. La discusión apenas empieza, y conviene que no se haga con prisa ni a ciegas.
Tercero: el vecino vota. Estados Unidos renueva hoy toda su Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado, y de ese resultado depende el tono de la revisión del T-MEC, las remesas y la presión migratoria. ¿La postura de Palacio? «No opinamos, hoy es la elección, no nos corresponde opinar». Prudencia diplomática, correcta.
Lo que no cabe en la prudencia es lo demás. La presidenta pidió al canciller Roberto Velasco informar sobre los ocho mexicanos que están entre los 63 extranjeros acusados por el Departamento de Justicia de delitos electorales, y calificó de electorero el reclamo de Texas sobre unas islas del río Bravo, asunto que, dijo, decide la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Es decir, México no opina, pero la elección ya opina sobre México.
Y ahí está el punto. Se puede guardar silencio ante la urna ajena; lo que no se puede es llegar al miércoles sin plan. Gane quien gane, la factura llega igual.
P.D. El hijo que sí habla. Andrés Manuel López Beltrán reapareció en un video de unos diez minutos para decir que no tiene «nada que ver» con el huachicol fiscal y acusar una «guerra sucia» de Ramón Alberto Garza, Ricardo Salinas y Carlos Loret de Mola. Conviene la salvedad: la FGR dijo en agosto que no tiene dato de prueba en su contra, y nadie debe darlo por culpable. Pero el mismo día su cuenta de X apareció suspendida, sin explicación de la plataforma. Hasta para defenderse, la pantalla manda.
