Por Bruno Cortés
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este martes 8 de septiembre a la Cámara de Diputados tres iniciativas de ley que acompañan la entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027. Las propuestas abarcan cambios a la Ley Aduanera y la creación de dos nuevos ordenamientos sobre información catastral y registral, así como pagos digitales y electrónicos. El paquete abre una nueva pista legislativa en San Lázaro y, de entrada, despierta una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegarán los cambios?
El oficio de la Secretaría de Gobernación, recibido por la Dirección General de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados, identifica las tres propuestas: una reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera; otra expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral; y una tercera crea la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Tres expedientes distintos que ahora deberán pasar de la ventanilla al microscopio legislativo.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, confirmó la recepción y señaló que las iniciativas serán analizadas antes de darles el trámite correspondiente. La llegada ocurre el mismo día en que el Congreso recibió formalmente el Paquete Económico 2027, cuya entrega estaba programada para este 8 de septiembre y que incluye los documentos centrales para definir ingresos, gasto y política económica del próximo año.
La primera iniciativa apunta a la Ley Aduanera, una pieza clave para las importaciones, exportaciones y la recaudación vinculada al comercio exterior. En ejercicios anteriores, el gobierno federal ha utilizado modificaciones aduaneras para ampliar controles, digitalizar procedimientos, fortalecer la fiscalización y combatir prácticas de evasión y contrabando. Dicho en términos de calle: las aduanas son la puerta de entrada de la casa; cambiar las cerraduras y las reglas para abrirlas puede afectar desde grandes cargamentos industriales hasta la mercancía que termina en el anaquel.
Por eso, el contenido fino de la reforma será relevante para importadores, exportadores, agencias aduanales, empresas manufactureras y cadenas de suministro. Cualquier ajuste en documentación, controles electrónicos, responsabilidades o procedimientos puede modificar costos y tiempos de operación. Y cuando un trámite cambia en la frontera, tarde o temprano el movimiento puede sentirse varios kilómetros tierra adentro.
La segunda propuesta plantea una Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Catastros y registros públicos concentran información fundamental sobre terrenos, viviendas, propietarios y características de los inmuebles. Actualmente, buena parte de estos sistemas depende de autoridades estatales y municipales, con distintos grados de digitalización, actualización y compatibilidad entre bases de datos. La palabra clave de la propuesta es, precisamente, “armonización”.
Para el ciudadano el asunto puede sonar lejano hasta que intenta comprar una casa, escriturar un terreno, comprobar una propiedad o corregir datos ante una autoridad. ¿Qué pasaría si los registros de una propiedad pudieran cruzarse bajo estándares comunes? El alcance dependerá del articulado que apruebe el Congreso, pero la discusión podría tener efectos sobre certeza jurídica, trámites inmobiliarios, planeación territorial y coordinación entre órdenes de gobierno.
La tercera iniciativa entra de lleno en un terreno que millones de mexicanos pisan todos los días sin pensarlo demasiado: la economía digital y los pagos electrónicos. Transferencias, aplicaciones bancarias, plataformas, terminales y otros medios digitales forman ya parte de las operaciones cotidianas de consumidores y comercios. El proyecto busca crear una ley específica para este ecosistema, aunque serán sus disposiciones particulares las que determinen qué obligaciones, derechos, controles o mecanismos de supervisión se incorporarán.
México ya cuenta con regulación fiscal y financiera aplicable a diversas operaciones digitales, además de normas para servicios prestados mediante plataformas. Sin embargo, la propuesta presidencial coloca ahora el concepto de pagos digitales y electrónicos en una legislación propia. Ahí estará uno de los puntos que habrá que seguir con lupa: quiénes estarán sujetos a la nueva ley y qué cambiará para usuarios, instituciones financieras, empresas tecnológicas y comercios.
Las iniciativas no significan que las nuevas reglas hayan entrado en vigor. Ese dato es clave. Apenas comienzan su recorrido por el Congreso: deberán ser turnadas a las comisiones correspondientes, discutidas, eventualmente modificadas y votadas por la Cámara de Diputados; según su naturaleza constitucional, después continuará el procedimiento legislativo que corresponda. En otras palabras, el balón apenas acaba de caer en la cancha de San Lázaro.
La documentación remitida por Gobernación también señala que las propuestas están acompañadas de sus respectivos dictámenes de impacto presupuestario y constancias de exención de análisis de impacto regulatorio. Además, el oficio integra las iniciativas al conjunto de documentos relacionados con el Paquete Económico 2027, que contiene los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros instrumentos.
Para los ciudadanos, la atención inmediata deberá ponerse en dos momentos: la publicación completa de las iniciativas y su discusión en comisiones. Ahí aparecerán las respuestas concretas sobre costos, obligaciones, plazos, autoridades responsables y eventuales efectos en operaciones comerciales o personales. Antes de eso, cualquier afirmación sobre nuevos cobros, impuestos o restricciones sería adelantarse al texto aprobado.
El Congreso tiene ahora sobre la mesa tres asuntos que parecen vivir en mundos separados —una aduana, una escritura y el celular con el que alguien paga el café—, pero comparten un mismo hilo: cómo registra, controla y procesa el Estado una economía cada vez más digitalizada. La discusión apenas comienza. La pregunta que quedará para las próximas semanas es mucho más sencilla de entender que cualquier artículo transitorio: ¿estas nuevas reglas harán más fáciles y seguras las operaciones de los ciudadanos o simplemente les agregarán otro trámite?
