Por Bruno Cortés
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados recibió la primera entrega de los informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025, ejercicio que marca el inicio de la fiscalización del primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel, notificó el inicio formal de 31 expedientes de investigación directa bajo el nuevo marco legal que faculta la intervención oficiosa sin requerir el cierre del ciclo fiscal tradicional.
El Programa Anual de Auditorías de la federación contempla la ejecución de 2,244 revisiones programadas, desglosadas en 2,058 auditorías de cumplimiento, 167 de carácter integral y 19 auditorías forenses enfocadas en la detección de esquemas de corrupción organizada. A nivel de la administración pública federal, el plan abarca 209 auditorías diseñadas para fiscalizar, de manera inédita, la totalidad de las dependencias centralizadas, extendiendo la cobertura técnica a 1,733 entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
En el rubro de la fiscalización del gasto federalizado, la Auditoría Superior de la Federación verificó un universo de 29,736 transferencias monetarias dirigidas a 2,478 municipios y alcaldías del país, correspondientes a una bolsa presupuestal superior a los 300,000 millones de pesos. Los procedimientos de fiscalización preventiva permitieron la recuperación anticipada de fondos retenidos por gobiernos estatales, dejando un saldo remanente por aclarar de únicamente 1.4 millones de pesos a nivel nacional.
El informe de gestión de los primeros 100 días de la administración de Hernández Palacios Cardel detalla la presentación de 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por un daño patrimonial estimado en más de 600 millones de pesos. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la institución tramitó 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves relacionados con colusión de proveedores y contratación indebida en licitaciones públicas.
La modificación presupuestal y operativa publicada el pasado 5 de junio redujo el número total de auditorías de 2,476 originales a las 2,244 en ejecución actual, integrando criterios de inteligencia artificial para el cruce de datos fiscales. Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el 21 de abril otorgan a los auditores mecanismos especiales de protección para el levantamiento de actas en zonas geográficas con presencia de delincuencia organizada.
El desglose técnico de los informes individuales incluye auditorías especializadas al desarrollo de la infraestructura ferroviaria del Tren Interoceánico, así como un monitoreo al gasto federalizado transferido a entidades con alta incidencia delictiva, entre ellas Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero. El objetivo de este muestreo específico radica en identificar y bloquear posibles filtraciones de recursos públicos hacia redes de financiamiento ilícito.
Los resultados de esta primera entrega técnica abren un periodo de análisis estricto e imparcial por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, quienes evaluarán el cumplimiento de las metas e insuficiencias financieras de las entidades fiscalizadas. El nuevo formato de entrega incorpora un resumen ciudadano accesible con el fin de simplificar la consulta pública de los dictámenes de auditoría antes de que concluya el año fiscal en curso.
