Por Bruno Cortés
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor. El objetivo de la propuesta radica en obligar a las casas de empeño a verificar y respaldar documentalmente la propiedad o legítima posesión de los bienes muebles recibidos en garantía.
La modificación plantea adiciones al artículo 65 Bis 5 de la norma citada. La medida exige a los permisionarios solicitar facturas, notas de compra, contratos o constancias de adjudicación formal antes de autorizar cualquier crédito prendario. En caso de no contar con ellos, el cliente deberá firmar una declaración bajo protesta de decir verdad.
El diagnóstico expuesto por la legisladora toma como base los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. El reporte contabiliza aproximadamente 6.1 millones de delitos de robo o asalto en el país durante el ejercicio anual inmediato anterior.
El análisis estadístico precisa que en el 57% de los asaltos reportados los delincuentes sustrajeron dispositivos de telefonía celular. Asimismo, en el 63.5% de los casos las víctimas sufrieron la pérdida de dinero en efectivo, tarjetas de crédito o cheques. Dichas cifras comprueban la alta movilidad de estos objetos hacia mercados secundarios.
La iniciativa argumenta que la ausencia de un control de trazabilidad en la legislación actual genera vacíos operativos en el sector. La falta de candados documentales facilita que mercancías provenientes de ilícitos patrimoniales se reincorporen al circuito comercial a través del crédito prendario.
El proyecto contempla que la Procuraduría Federal del Consumidor mantenga las facultades de verificación e imposición de sanciones administrativas a los negocios que incumplan con la integración del expediente. La norma pretende incentivar el deber de diligencia de las empresas sin asumir atribuciones de investigación criminal.
La propuesta legislativa ingresó formalmente a la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados. El asunto fue turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su respectivo dictamen y eventual votación.
