El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha confirmado la filtración accidental de información sensible perteneciente a 177 víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein. Según reportes, nombres, direcciones, números telefónicos y datos personales quedaron expuestos al público tras la publicación de millones de páginas de expedientes judiciales entre diciembre y enero.
Un análisis de Reuters identifica a 23 denunciantes que han enfrentado directamente actos de intimidación, amenazas de muerte y acoso físico tras la revelación de sus identidades. El bufete de abogados de Brittany Henderson estima que, en total, la información de 6,250 registros contenía datos identificativos que debieron ser censurados conforme a los protocolos federales de protección a víctimas.
A pesar de que el DOJ aseguró haber implementado un equipo de trabajo dedicado las 24 horas para corregir los errores, la información de diversas afectadas permaneció accesible en el sitio oficial durante meses. En el caso específico de Danielle Bensky, diversos documentos fueron republicados sin la censura adecuada, dejando expuesta su ubicación laboral y privada de forma intermitente.
La respuesta oficial del departamento, a través de la portavoz Natalie Baldassarre, sostiene que la institución no es responsable de las reacciones de terceros ante la revelación de identidades. Sin embargo, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, reconoció ante el Congreso el 19 de mayo que el organismo falló en su deber de proteger la integridad de las denunciantes durante el proceso de desclasificación.
Las víctimas afectadas han tenido que modificar sus esquemas de seguridad personal ante el aumento de la hostilidad en redes sociales. El costo de esta vulneración se refleja en una creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia, complicando el proceso penal de larga data que rodea el caso del magnate.
La gestión de estos expedientes ha sido calificada como negligente por parte de las representaciones legales. La falta de un mecanismo de control de calidad previo a la publicación masiva ha dejado a las supervivientes en un estado de vulnerabilidad que, según informes policiales, ha derivado en amenazas de violencia física que siguen bajo investigación.
La corrección de los archivos ha sido un proceso reactivo, condicionado a la notificación de los abogados de las víctimas, en lugar de una supervisión proactiva por parte del Estado. La situación subraya las deficiencias operativas en el manejo de expedientes judiciales de alto perfil cuando se requiere la protección estricta de la privacidad.
