Hablar de una reforma electoral es hablar del corazón de la democracia. No es un asunto menor ni un tema exclusivo de partidos políticos; es la definición de las reglas bajo las cuales millones de mexicanas y mexicanos eligen a sus gobernantes. Por eso, una reforma de este tipo no puede construirse pensando solo en quienes hoy tienen la mayoría en el poder.

En la última elección, la coalición gubernamental obtuvo el respaldo del 54 por ciento de los votantes. Esa mayoría les dio el derecho de gobernar, pero no el permiso de legislar ignorando al 46 por ciento que votó distinto. En democracia, las mayorías deciden, sí, pero las reglas deben proteger y representar a todos, incluidos quienes no coinciden con el gobierno en turno.

El riesgo de impulsar una reforma electoral desde una sola visión es alto. Si las reglas se perciben como hechas para beneficiar a un grupo político, se rompe la confianza en el sistema y se profundiza la polarización. Una democracia sana necesita instituciones creíbles, árbitros imparciales y leyes que no cambien cada sexenio según quién gane las elecciones.

El proceso de reforma político-electoral que se avecina exige madurez y responsabilidad. Más allá de las diferencias ideológicas, el reto es construir acuerdos amplios, escuchar a las minorías y entender que la democracia se fortalece cuando se dialoga, no cuando se impone. La visión de Estado implica pensar más allá del presente y del cálculo electoral inmediato.

Todas las democracias son perfectibles, y México no es la excepción. Reformar no significa retroceder ni concentrar poder, sino mejorar lo que ya existe: ampliar la representación, garantizar equidad en las contiendas y asegurar que cada voto cuente y se respete. Esa debería ser la brújula del debate.

Estamos frente a una oportunidad histórica. Si se aprovecha para fortalecer la democracia, el país puede salir más unido y con instituciones más sólidas. Si se desperdicia por falta de diálogo o inclusión, el costo lo pagarán las generaciones que vienen. La reforma electoral no debe ser del gobierno, sino de México.