Por Bruno Cortés
La reforma al Poder Judicial volvió a colocarse en el centro de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, y esta vez con una ruta acelerada. El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, confirmó que la iniciativa que plantea ajustes al proceso de elección de jueces y magistrados ya fue turnada formalmente a la comisión y que el objetivo es tener un dictamen listo en cuestión de horas para su discusión en el pleno.
En términos simples, lo que está sobre la mesa no es cualquier ajuste técnico, sino un rediseño del mecanismo con el que se elegirían personas juzgadoras a nivel federal. Godoy explicó que la propuesta busca aplazar la elección judicial y reordenar su implementación, con la intención de darle más tiempo al proceso legislativo y operativo. En el Congreso, cuando se habla de “más tiempo”, en realidad se habla de ajustar equilibrios políticos, afinar acuerdos y evitar que una reforma de este tamaño salga con vacíos que después generen conflictos.
El legislador detalló que la comisión trabajará el dictamen de forma exprés y que incluso podría discutirse en sesión del pleno el mismo martes por la noche, dentro de un periodo extraordinario de sesiones que apenas da margen de maniobra. Este tipo de calendarios apretados no es nuevo en San Lázaro, pero sí suele encender alertas entre quienes consideran que reformas estructurales deberían discutirse con mayor profundidad.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la modificación en los criterios para seleccionar personas juzgadoras. Se plantea sustituir el esquema tradicional de evaluación académica por lo que se describe como una “certificación de calidad jurídica”, además de simplificar las boletas electorales. Traducido a lenguaje llano: se intenta cambiar la forma en la que se mide quién está capacitado para impartir justicia y hacer más entendible un proceso electoral que, en su versión original, ha sido criticado por su complejidad.
También se aclaró que la revocación de mandato se mantendría para 2028 y no para 2027, buscando que coincida con la elección judicial. Este tipo de empalmes electorales no solo tienen implicaciones políticas, sino también económicas y logísticas, porque concentran procesos que implican altos costos para el Estado y una mayor carga operativa para las autoridades electorales.
Godoy subrayó además que la iniciativa retoma elementos planteados previamente por legisladores de Morena, lo que refleja un proceso de construcción interna más que una propuesta aislada. En el Congreso, esto suele leerse como una forma de unificar criterios dentro de la mayoría legislativa antes de llevar el debate al pleno.
En paralelo, el diputado defendió el modelo de participación ciudadana en la elección judicial y minimizó las críticas sobre el uso de “acordeones” o listas de apoyo, argumentando que en procesos electorales complejos la ciudadanía suele recurrir a herramientas similares para orientarse, algo que comparó con prácticas observadas en otros países.
Finalmente, en un tema aparte pero políticamente sensible, Godoy rechazó señalamientos que lo vinculan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y aseguró que acudió únicamente en calidad de testigo. También adelantó que interpondrá acciones legales contra quienes lo acusaron, aunque dijo que esperará a que pasen los procesos electorales para evitar que el tema se politice aún más.
En el fondo, lo que esta discusión muestra es algo recurrente en el Congreso mexicano: las reformas no solo cambian leyes, también reconfiguran tiempos políticos, tensiones internas y la forma en que el Estado entiende la justicia, la democracia y su propia capacidad de ejecución.
