Por Bruno Cortés
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió en mayo de 2026 que diversas marcas de cigarros entran al país sin permiso sanitario y pueden estar falsificadas o adulteradas. Esa alerta es uno de los argumentos con los que senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentaron un punto de acuerdo para fortalecer las acciones contra la venta de cigarros ilegales, según el boletín 0423 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este domingo 8 de noviembre de 2026.
La alerta sanitaria que retoman los senadores
En el punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Salud, los legisladores afirmaron que, en mayo de 2026, la Cofepris advirtió que esas marcas entran al país sin permiso sanitario, y pueden estar falsificadas o adulteradas. Añadieron que se elaboran con ingredientes desconocidos y que su combustión podría liberar químicos tóxicos.
Desde esa perspectiva, el planteamiento es de salud pública: un producto que no pasa por los controles sanitarios llega a los consumidores sin que se conozca su composición. Los senadores no aportan en el boletín resultados de análisis ni listas de marcas; se limitan a referir la advertencia de la Cofepris.
Qué piden a Salud y a la Cofepris
Los senadores exhortan a la Secretaría de Salud a que, por conducto de la Cofepris, fortalezca los operativos y las acciones de vigilancia sanitaria para impedir la distribución y comercialización de cigarros ilegales. Consideraron que esas medidas deben abarcar tanto los establecimientos comerciales y mercados como los puntos de venta del comercio informal, además de las plataformas digitales y los sitios web.
Prevención dirigida a adolescentes y jóvenes
El segundo eje sanitario es la educación. Los legisladores convocaron a que la Cofepris, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, robustezca las acciones de educación y prevención del consumo dirigidas a adolescentes y jóvenes. Con ello, dijeron, se busca reducir su exposición a estos productos y proteger la salud pública.
El énfasis en la población joven aparece como un componente propio de la propuesta, separado de las acciones de vigilancia en comercios y plataformas. El boletín no precisa programas ni presupuesto para esa tarea; solo plantea que las autoridades sanitarias refuercen lo que ya hacen en coordinación con los estados.
El crecimiento del mercado ilícito
Para dimensionar el problema, los senadores señalaron que en seis años el mercado ilícito se duplicó. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2017, de cada 100 cigarros que se fumaban en el país, cerca de nueve eran ilegales; en 2023 esa cifra se incrementó a 18 cigarrillos por cada 100 de los que se consumían.
Las peticiones a Hacienda y a la Fiscalía
El punto de acuerdo no se queda en el ámbito sanitario. Los legisladores piden que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fortalezcan la inspección y el control de productos de importación, verifiquen los códigos de seguridad de las cajetillas e informen periódicamente las estadísticas consolidadas sobre los aseguramientos.
Además, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que fortalezca las investigaciones contra las redes dedicadas a la fabricación clandestina, falsificación, introducción y distribución ilegal de productos del tabaco, así como los delitos conexos. Señalaron que el aeropuerto capitalino es muestra de la magnitud del problema: en lo que va de 2026, la Marina y la ANAM han asegurado ahí más de 130 millones de cigarros ilegales.
Los firmantes y el trámite
El punto de acuerdo fue suscrito por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves. Quedó turnado a la Comisión de Salud del Senado, instancia donde deberá analizarse.
Los legisladores del PT cerraron su planteamiento con una frase que resume su postura: “el mercado ilegal de cigarros es la expresión más cruda de un modelo que pone la ganancia por encima de la vida: lucra con la adicción, evade impuestos y deja los costos en los barrios y en las familias trabajadoras”.
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