La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lanzó un llamado internacional para detener la expulsión de comunidades provocada por la gentrificación y la especulación inmobiliaria, al advertir que la vivienda no puede seguir tratándose como mercancía mientras millones de personas enfrentan exclusión territorial, desigualdad y precarización urbana.
Durante su participación en la Asamblea de Mujeres “Co-creando estrategias transformadoras de género para una vivienda adecuada para todas las mujeres y niñas”, realizada en el marco del Foro Urbano Mundial en Bakú, la mandataria capitalina sostuvo que las ciudades y los gobiernos locales deben asumir un papel central frente a las crisis globales de vivienda, violencia, desigualdad y emergencia climática.
Brugada Molina cuestionó los modelos económicos que, afirmó, han permitido que la vivienda quede subordinada a dinámicas de especulación financiera. En ese contexto, advirtió que la financiarización del suelo y de los espacios habitacionales ha derivado en el desplazamiento de comunidades enteras, el aumento de rentas y la pérdida del arraigo vecinal, fenómenos que —dijo— profundizan procesos de gentrificación en diversas ciudades del mundo.
“El derecho a la ciudad es también el derecho a no ser expulsado”, afirmó la jefa de Gobierno ante representantes internacionales, donde defendió la necesidad de construir ciudades más humanas, democráticas e incluyentes, con políticas públicas enfocadas en garantizar vivienda asequible y justicia territorial.
La mandataria capitalina también planteó la creación de una nueva gobernanza internacional en la que las ciudades tengan capacidad vinculante en la toma de decisiones globales. Según expuso, los gobiernos locales son quienes enfrentan directamente los efectos cotidianos de la crisis climática, las desigualdades urbanas y la violencia social, por lo que consideró insuficiente mantener esquemas centralizados alejados de la realidad territorial.
En un posicionamiento de carácter político y humanista, Brugada aseguró que las ciudades deben convertirse en espacios de cooperación y solidaridad frente a los discursos de odio y exclusión. “No aceptamos que el miedo, la guerra, la desigualdad y el odio definan el destino de la humanidad”, expresó desde Azerbaiyán, al convocar a fortalecer la articulación internacional entre territorios y gobiernos locales.
Durante el mismo foro, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, respaldó la postura del gobierno capitalino y sostuvo que el acceso a la vivienda debe entenderse como un derecho humano y no como un producto sometido únicamente a las reglas del mercado. El funcionario alertó que la especulación inmobiliaria y el incremento del costo de la vivienda están profundizando la segregación territorial y limitando el acceso de millones de personas a condiciones de vida dignas.
Muñoz Santini informó que la administración capitalina proyecta concretar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030 y concluir este año la reconstrucción gratuita de 22 mil viviendas afectadas por los sismos de 2017. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer reservas de suelo público, regular el incremento de las rentas y consolidar modelos urbanos con servicios, movilidad y espacios públicos accesibles.
En el encuentro internacional también participó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, quien refrendó el compromiso del gobierno federal con una agenda urbana enfocada en el derecho a la vivienda y el desarrollo territorial sostenible. La funcionaria sostuvo que el debate global enfrenta actualmente dos visiones opuestas: una que reconoce la vivienda como un derecho humano y otra que la mantiene bajo una lógica de mercado y especulación.
Las intervenciones de las autoridades mexicanas ocurrieron en medio de un escenario internacional marcado por el encarecimiento de la vivienda, el crecimiento de la desigualdad urbana y el avance de procesos de desplazamiento poblacional en grandes ciudades, donde organismos multilaterales y gobiernos locales han comenzado a colocar nuevamente en el centro del debate el acceso equitativo al territorio y la permanencia comunitaria como parte de los derechos urbanos fundamentales.
