Por Bruno Cortés
La acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abrió una nueva ruta judicial y política: el posible cruce entre testimonios de capos mexicanos detenidos en territorio estadounidense y señalamientos contra funcionarios sinaloenses por presunta protección institucional al Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. La imputación sostiene que los señalados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de narcóticos hacia territorio estadounidense, incluidos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
La parte más delicada del expediente apunta hacia Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la acusación estadounidense, el presunto acuerdo habría incluido apoyo electoral, protección política, filtración de información de seguridad y respaldo institucional para operaciones del grupo criminal en Sinaloa.
El caso no camina solo en papel. La investigación de Estados Unidos se cruza con detenidos de alto perfil que ya enfrentan procesos en ese país, entre ellos Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, e Ismael “El Mayo” Zambada García. Cada uno, desde su posición dentro del mapa criminal, podría aportar piezas distintas: reuniones, pagos, rutas, protección, armas o nombres de funcionarios.
Joaquín Guzmán López aparece como una de las piezas de mayor peso para la justicia estadounidense. Por su ubicación dentro de Los Chapitos, podría aportar información sobre la estructura actual del grupo, las rutas de fentanilo, los operadores financieros, los contactos políticos y el presunto apoyo electoral atribuido a esa facción en Sinaloa.
Ovidio Guzmán López, también integrante de Los Chapitos, tendría un valor similar para los fiscales estadounidenses. Su posible información podría ayudar a reconstruir cómo operaba la facción, qué funcionarios habrían sido útiles para su expansión y si existieron pactos de protección a cambio de beneficios políticos o económicos.
“El Nini” tendría un papel distinto. Su posible aporte no estaría tanto en la parte financiera o política, sino en la operación territorial: grupos armados, escoltas, casas de seguridad, intimidación de rivales, control de zonas y protección de laboratorios o cargamentos. En corto: sería el testigo que podría explicar cómo se movía la maquinaria en la calle.
“El Mayo” Zambada representa otra capa del expediente. Aunque la acusación contra Rocha se concentra en Los Chapitos, Zambada podría aportar contexto sobre la estructura histórica del Cártel de Sinaloa, los mecanismos de soborno, las rutas de droga y los vínculos de protección institucional que durante años permitieron operar a distintas facciones del grupo. El material integrado a esta investigación lo identifica como un testigo con posible conocimiento sobre rutas, finanzas y vínculos políticos del cártel.
El punto central para Estados Unidos será demostrar si hubo una cadena verificable entre apoyo electoral, protección institucional y tráfico de drogas hacia su territorio. Para eso no basta con testimonios aislados. Los dichos de capos u operadores tendrían que cruzarse con registros telefónicos, mensajes, transferencias, bitácoras de campaña, documentos oficiales, nombramientos, reportes de seguridad y declaraciones de policías o funcionarios.
El Gobierno de México, por su parte, ha sostenido que hasta ahora no existe una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional con fines de extradición. La consejera jurídica Luisa María Alcalde señaló que Estados Unidos no habría aportado elementos suficientes para acreditar la urgencia de la detención, por lo que México pidió información adicional.
Ese punto mantiene el caso en una zona de tensión diplomática. En Washington, el Departamento de Justicia sostiene que existe una acusación formal contra Rocha y otros funcionarios. En Palacio Nacional, la postura ha sido exigir pruebas claras antes de proceder contra un gobernador mexicano, aunque Rocha pidió licencia al cargo en medio del ruido político y judicial.
La acusación también incluye delitos relacionados con armas, ametralladoras y dispositivos explosivos. En esa línea, los testimonios de operadores de seguridad o presuntos jefes de células armadas serían más relevantes que los de capos históricos. Ahí podrían entrar nombres ligados a Los Chapitos y a sus estructuras de protección territorial.
Otro punto sensible es el señalamiento contra Juan Valenzuela Millán, exmando policial acusado en Estados Unidos de participar en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar. Para las autoridades estadounidenses, ese episodio podría reforzar la hipótesis de que algunas áreas de seguridad local habrían sido utilizadas para servir a intereses del cártel.
El caso Rocha también encendió la grilla nacional. En el Congreso, la oposición exigió acciones contra el gobernador con licencia y contra funcionarios sinaloenses, mientras Morena defendió el debido proceso y acusó una posible intromisión de Estados Unidos. El tema ya no está solo en juzgados: también se metió de lleno en la discusión sobre narcopolítica, soberanía y seguridad nacional.
La banca mexicana activó sus sistemas antilavado tras la acusación estadounidense, como medida preventiva ante posibles riesgos regulatorios. Aunque no hay una sentencia ni una determinación judicial definitiva, el caso obligó a instituciones financieras a revisar clientes de alto riesgo, movimientos sospechosos y posibles vínculos patrimoniales con personas señaladas.
La clave del expediente será la corroboración. Si Joaquín u Ovidio Guzmán López aportan datos sobre reuniones o pactos, si operadores como “El Nini” confirman acciones de presión o seguridad, y si documentos financieros muestran pagos o beneficios, Estados Unidos podría intentar construir una narrativa judicial completa. Si esas piezas no aparecen, la acusación quedaría expuesta a la disputa política y diplomática.
Por ahora, Rocha Moya conserva la presunción de inocencia y el proceso se mantiene abierto. Lo que sí cambió es el tamaño del tablero: los testimonios de capos mexicanos en Estados Unidos podrían pasar de ser expedientes contra el narco a convertirse en material judicial contra funcionarios en México. En términos chilangos: la bronca ya no está solo en la sierra ni en la frontera; ahora también está en escritorios, bancos, juzgados y oficinas de gobierno.
