Por Bruno Cortés
Hablar la misma lengua no siempre significa entenderse. Por eso, el senador de Morena Víctor Mercado Salgado propone que, cuando una persona indígena enfrente un proceso penal, la interpretación se haga de acuerdo con su lengua y, cuando corresponda, con su variante lingüística.
La propuesta forma parte de una iniciativa difundida este sábado 31 de octubre en el boletín 0382 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República. Busca, de acuerdo con el documento, subsanar las barreras lingüísticas que dificultan el acceso a la justicia de las personas indígenas.
Lengua y variante
La iniciativa plantea que las autoridades que intervengan en el procedimiento garanticen que la interpretación sea “oportuna, efectiva y culturalmente pertinente”. El texto del boletín agrega que debe ser de acuerdo con la lengua de la persona “y, cuando corresponda, su variante lingüística”.
En la práctica, esto significa que no bastaría con asignar a alguien que hable la lengua de manera general: la autoridad tendría que buscar a quien pueda comunicarse con la persona en la forma concreta en que ella habla, porque de eso depende que entienda una acusación, una pregunta o los alcances de lo que firma.
Lo que la ley ya dice y lo que falta
Mercado Salgado reconoció que la legislación vigente determina la obligación de proporcionar intérpretes. Sin embargo, señaló que no desarrolla el contenido mínimo que debe reunir esa garantía desde una perspectiva de justicia intercultural.
Para llenar ese vacío, propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fin de que las diferencias culturales no constituyan un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
Búsqueda sin dilación
La autoridad competente, según la iniciativa, deberá realizar sin dilación las gestiones necesarias para identificar y localizar a personas intérpretes. Cuando no sea posible localizar oportunamente a una persona acreditada, podrá designarse a alguien que cuente con los conocimientos necesarios de la lengua y la cultura de que se trate, previa verificación de su idoneidad.
El mecanismo promovería la coordinación entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las autoridades competentes para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de asistencia lingüística.
Una pausa obligatoria
El senador dijo que mientras no se garantice la asistencia de la interpretación que corresponda, no podrán realizarse actuaciones que requieran la intervención, manifestación de voluntad o ejercicio de un derecho procesal de la persona que deba recibirla, salvo los actos urgentes que legalmente procedan y no menoscaben sus derechos.
Cuando se trate de personas detenidas o de actuaciones sujetas a plazos constitucionales o legales, la propuesta establece que deberán implementarse mecanismos de atención prioritaria.
“Rompan las barreras del lenguaje”
En un país pluricultural como México, sostuvo Mercado Salgado, es fundamental que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia “rompan las barreras del lenguaje” y atiendan las deficiencias institucionales que impiden a la población acceder a sus derechos en condiciones de igualdad.
El legislador puntualizó que el acceso a la justicia no se satisface únicamente con la existencia de tribunales o procedimientos previamente establecidos, pues implica que toda persona pueda comprender el proceso en el que interviene y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Las lenguas originarias, además, no viven solo en las comunidades rurales; también resisten en las ciudades, como cuenta la historia sobre la lucha de mujeres hablantes de lenguas indígenas en la CDMX.
En comisiones
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, que deberán analizarla y dictaminarla. El boletín no da a conocer un calendario, posturas de otras bancadas ni una estimación de costos.
La propuesta llega en medio de una discusión más amplia sobre el sistema de justicia, que incluye el debate sobre la reforma judicial y los contrapesos, y se suma a otra iniciativa reciente en el Senado que involucra a las fiscalías.
