Por Bruno Cortés
La reforma constitucional que modifica aspectos clave del Poder Judicial se encuentra en su etapa final de aprobación y podría quedar formalmente validada el próximo lunes. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien explicó que varios congresos estatales ya avanzan en el proceso de ratificación de los cambios aprobados recientemente por el Congreso de la Unión.
Para entender qué significa este paso, es importante recordar que una reforma constitucional en México no basta con ser aprobada por diputados y senadores. También requiere el respaldo de al menos la mitad más uno de los congresos locales del país. Solo después de cumplir ese requisito puede declararse constitucional, publicarse oficialmente y entrar en vigor.
Monreal explicó que muchas legislaturas estatales ya se habían preparado para analizar la reforma, por lo que el proceso de ratificación podría completarse en cuestión de días. Según indicó, los congresos locales no pueden modificar el contenido de una reforma constitucional aprobada por el Congreso federal; únicamente pueden aprobarla o rechazarla, lo que agiliza el procedimiento.
El legislador señaló que, una vez alcanzado el número necesario de avales estatales, será la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la encargada de emitir la declaratoria de constitucionalidad. Esto ocurre porque actualmente las cámaras legislativas ya concluyeron su periodo extraordinario de sesiones y la Comisión Permanente es la instancia que representa al Congreso durante los recesos legislativos.
La reforma contempla modificaciones a diez artículos de la Constitución. Nueve de ellos están relacionados con el Poder Judicial y buscan ajustar diversos aspectos de la elección de jueces y magistrados. Entre los cambios se encuentra el rediseño de las boletas electorales, nuevas reglas para la selección de candidaturas, requisitos actualizados para quienes aspiren a ocupar cargos judiciales y la reprogramación de ciertas elecciones judiciales para el año 2028 con el objetivo de mejorar su organización.
Desde la perspectiva de política pública, estos cambios buscan establecer reglas más claras para un proceso inédito en el país: la elección popular de integrantes del Poder Judicial. El argumento de los impulsores de la reforma es que un mayor tiempo de preparación permitirá construir mecanismos más sólidos y brindar mayor certeza tanto a candidatos como a ciudadanos.
Otro de los puntos incluidos en la reforma es la incorporación de una nueva causa de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera. Esto significa que, una vez que la disposición entre en vigor y se desarrollen las leyes secundarias correspondientes, una elección podría ser anulada si se acredita la participación indebida de gobiernos, organizaciones o agentes extranjeros que influyan en el proceso electoral mexicano.
Monreal explicó que todavía falta desarrollar la legislación secundaria que establecerá cómo se aplicará esta nueva disposición, qué conductas serán consideradas como interferencia y cuáles serán los mecanismos para investigar y sancionar posibles casos. Precisó que estos cambios no podían elaborarse antes porque, por técnica legislativa, primero debe entrar en vigor la reforma constitucional que crea esta nueva figura jurídica.
El coordinador parlamentario de Morena estimó que la discusión de estas leyes secundarias podría realizarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre o, en caso de ser necesario, en un nuevo periodo extraordinario convocado por el Congreso.
Con ello, el proceso legislativo entra en una fase decisiva. Si los congresos estatales completan la ratificación en los próximos días, México estaría a las puertas de una nueva etapa en la implementación de la reforma judicial y en la construcción de las reglas que regirán futuras elecciones dentro del Poder Judicial.
