La disputa legal entre el Refugio Franciscano y el Gobierno de la Ciudad de México escaló luego de que una suspensión provisional judicial impidiera la devolución inmediata de más de 900 perros y gatos asegurados en enero pasado en la alcaldía Cuajimalpa. Mientras el refugio denuncia una presunta disputa por el predio donde operaba, autoridades capitalinas sostienen que continúan abiertas investigaciones por posibles actos de maltrato y crueldad animal.
El caso se originó tras el operativo realizado en enero de 2026, cuando autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en coordinación con instancias de protección animal y seguridad, retiraron 936 perros y gatos del inmueble ubicado en Cuajimalpa. Los animales fueron trasladados a instalaciones temporales bajo resguardo oficial mientras avanzaban las investigaciones relacionadas con las condiciones en las que permanecían.
De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, el aseguramiento derivó de denuncias ciudadanas y reportes sobre posibles irregularidades en el manejo sanitario y de bienestar animal dentro del refugio. La administración local sostiene que las indagatorias continúan y que no existe una resolución definitiva sobre la situación jurídica de los responsables del inmueble ni sobre el destino final de los animales.
En respuesta, representantes del Refugio Franciscano promovieron diversos recursos legales, incluidos amparos, con el objetivo de evitar que los perros y gatos sean dados en adopción o permanezcan bajo control permanente de las autoridades. La organización argumenta que la intervención gubernamental estaría vinculada también a un conflicto por la posesión del predio donde operaba el refugio desde hace años.
Sin embargo, la suspensión provisional vigente mantiene congelada cualquier decisión de entrega material de los animales. El criterio judicial actual ordena conservar las condiciones existentes mientras se resuelve el litigio, lo que implica que los ejemplares permanezcan bajo resguardo institucional y que no puedan ser devueltos de forma inmediata a las personas señaladas como probables responsables.
El caso ha generado debate entre organizaciones protectoras de animales, especialistas en bienestar animal y colectivos ciudadanos. Algunos sectores consideran que las investigaciones deben agotarse antes de permitir el regreso de los animales al refugio, mientras otros cuestionan la capacidad de las autoridades para mantener durante meses a cientos de perros y gatos en instalaciones temporales sin afectar su salud física y emocional.
La Sedema ha señalado que el objetivo central es garantizar el bienestar integral de los animales y actuar conforme a la legislación vigente en materia de protección animal en la capital. Paralelamente, autoridades judiciales deberán determinar si existieron conductas constitutivas de maltrato o crueldad animal y resolver el fondo del conflicto relacionado con la custodia de los ejemplares.
Hasta ahora, ni el Gobierno capitalino ni el Refugio Franciscano han informado una fecha estimada para la resolución definitiva del proceso. Mientras tanto, los más de 900 animales continúan bajo resguardo oficial, en medio de uno de los casos de protección animal más polémicos registrados recientemente en la Ciudad de México.
