La diputada de Morena Karla Patricia Sánchez Rodelo aseguró que la transformación del sistema de justicia en México no puede quedarse únicamente en los cambios al Poder Judicial. Ahora, dijo, el siguiente paso urgente es reformar la Fiscalía General de la República y modernizar la forma en que se investigan los delitos en el país.
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La bancada de Movimiento Ciudadano volvió a poner sobre la mesa una propuesta que busca cambiar de raíz el sistema de justicia en México. La diputada Laura Ballesteros Mancilla aseguró que su partido presentará nuevamente una reforma enfocada en transformar los ministerios públicos y las fiscalías, al considerar que ahí se encuentra el verdadero problema de la justicia en el país.
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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, adelantó que su bancada votará en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal para posponer la elección judicial, al considerar que los cambios planteados no resuelven los problemas de fondo que enfrenta el sistema de justicia mexicano y solamente representan ajustes “cosméticos”.
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En el Congreso mexicano, donde muchas reformas parecen lejanas, esta vez se dio un paso que apunta directo a uno de los problemas más graves del país: la violencia contra las mujeres. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaratoria para modificar la Constitución y abrir la puerta a una ley general en materia de feminicidio, es decir, una legislación que unifique cómo se define y castiga este delito en todo México.
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En el Congreso mexicano, donde muchas veces las discusiones se quedan en lo técnico, esta vez el tema aterrizó en algo que cualquiera puede entender: ¿qué pasa cuando alguien usa la ley para mentir? La diputada de Morena Catalina Díaz Vilchis abrió el debate con un foro que puso sobre la mesa un problema poco hablado pero con consecuencias reales: las denuncias falsas.
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La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
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La reinserción social debe ser el objetivo central de todo sistema de justicia, afirmó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante la premier de la serie “Sabores de Libertad”, realizada en la Cineteca Nacional de Chapultepec.
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La jueza de control Mariana Vieyra Valdés ordenó a la Fiscalía General de la República transparentar la carpeta de investigación relacionada con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina, quien enfrenta acusaciones por presunto “huachicol fiscal”.
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En la política mexicana, pocas cosas pesan tanto como la palabra “fuero”. Y justo alrededor de eso gira la postura del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien afirmó que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial “hizo justicia” al inhabilitar al juez federal Juan Fernando Alvarado López por su actuación en casos relacionados con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
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En la Cámara de Diputados se abrió una discusión que rara vez ocupa titulares, pero que influye directamente en cómo se investiga un delito y en si una víctima obtiene justicia o no. Durante el Primer Foro de Análisis y Prospectiva del Sistema Penal Acusatorio, especialistas coincidieron en que el principal problema del modelo de justicia penal en México no es su diseño, sino la forma en que ha sido sostenido: con pocos recursos, instituciones débiles y decisiones que cambian cada sexenio.
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