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La lucha contra el huachicol fiscal en México dio un golpe fuerte esta semana. Omar García Harfuch, titular del Gabinete de Seguridad, anunció que aún sigue abierta la investigación tras la detención de 14 personas implicadas en una red de contrabando de combustible.
Todo comenzó en marzo, cuando un buque con más de 10 millones de litros de diésel—declarados falsamente como petroquímico—fue asegurado en Tampico. A partir de este golpe, se desplegaron cateos, decomisos de contenedores, vehículos y maquinaria en varios estados, desentrañando una trama apoyada en documentación apócrifa y complicidad entre empresarios, autoridades aduanales y marinos.
Entre los detenidos destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el oficial de más alto rango involucrado hasta ahora. Es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, pero esa cercanía no le protegió: la Fiscalía aclaró que las investigaciones iniciaron por denuncias internas hace casi dos años, sin blindar a nadie.
Harfuch detalló que la operación fue resultado de trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía y la UIF, y que ya fueron aseguradas las propiedades vinculadas a los implicados. Asimismo, señaló que participaron tres empresarios, seis marinos en activo, uno retirado y cinco exfuncionarios de aduanas.
Este suceso se suma a una serie de acciones contundentes contra este delito: solo en Tamaulipas ya se incautaron más de 10 millones de litros, mientras que en el marco de la llamada “Operación Frontera Norte” se han decomisado más de 15 millones de litros en total. Este tipo de actividades ha afectado a la petrolera estatal Pemex con pérdidas multimillonarias.
Harfuch lo dijo claro: la investigación sigue abierta, “no hay tolerancia” y el objetivo es llegar hasta el fondo de la red para evitar impunidad. Un golpe duro, directo a la corrupción que socava la economía y la confianza en el país.
S C
