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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado un giro histórico en la lucha contra el cambio climático. El pasado 23 de julio de 2025, el principal tribunal de las Naciones Unidas emitió un dictamen asesor que, aunque no vinculante, redefine el papel legal de los Estados frente a la crisis ambiental global. Por primera vez, una instancia judicial de este nivel declara que los países tienen una obligación jurídica —y no solo política— de mitigar el calentamiento global, proteger a las poblaciones vulnerables y compensar los daños ocasionados por sus emisiones históricas.
Este fallo fue impulsado por una coalición de pequeños Estados insulares encabezados por Vanuatu, que acudieron a la CIJ con un argumento contundente: el aumento del nivel del mar, la erosión costera y los fenómenos climáticos extremos amenazan directamente su supervivencia. Respaldados por más de 130 naciones, lograron que el tribunal analizara si los compromisos climáticos globales deben ser considerados legalmente exigibles.
La CIJ respondió de forma clara: sí lo son. Los jueces concluyeron que el cambio climático vulnera derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la vivienda. Así, el Acuerdo de París ya no puede verse como una simple hoja de ruta diplomática, sino como un marco legal que exige a los países —especialmente a los grandes emisores— tomar acciones proporcionales y efectivas para frenar el calentamiento.
Un nuevo camino para los más desprotegidos
Este fallo marca un punto de inflexión para países como los de Oceanía, que sufren los impactos del cambio climático sin haber contribuido significativamente a su causa. El dictamen abre la posibilidad de que estas naciones reclamen compensaciones ante organismos internacionales, y que los Estados industrializados asuman responsabilidades claras, incluyendo el financiamiento de medidas de adaptación, transferencia de tecnología y apoyo estructural.
“El tribunal ha reconocido que la inacción climática de los grandes emisores ya no es solo una injusticia, sino una violación del derecho internacional”, expresó uno de los representantes de Vanuatu tras conocer el dictamen. Para estos Estados, el pronunciamiento representa una victoria histórica que fortalece su voz en las futuras cumbres climáticas, como la próxima COP30.
¿Y ahora qué?
Aunque la opinión de la CIJ no tiene fuerza legal inmediata, sí crea un precedente poderoso que puede ser retomado por tribunales nacionales, cortes regionales y organismos multilaterales. Esto podría desencadenar una nueva ola de litigios climáticos, donde la ciencia será clave para demostrar la relación directa entre emisiones pasadas y daños presentes.
El dictamen también deja ver que los gobiernos deberán regular con mayor firmeza a las empresas privadas, especialmente a aquellas cuyos productos contribuyen de manera significativa a la crisis climática. Aunque la CIJ se centró en la responsabilidad de los Estados, estableció que estos son responsables por las actividades que ocurren bajo su jurisdicción, lo que podría traducirse en demandas contra industrias contaminantes.
El juez japonés Iwasawa Yuji fue tajante: “Si los países no desarrollan los planes más ambiciosos posibles para hacer frente al cambio climático, ello constituiría un incumplimiento de las promesas que asumieron en el Acuerdo de París”.
Presión global hacia la acción
El fallo llega en un momento crítico para la agenda ambiental global, donde las consecuencias del cambio climático son cada vez más visibles y devastadoras. La CIJ ha trazado un nuevo marco legal que presiona a los gobiernos a dejar atrás la ambigüedad política y actuar con firmeza. El mensaje es claro: quienes contaminan deben pagar, y quienes sufren deben ser protegidos y reparados.
Este dictamen no solo fortalece el marco jurídico del derecho ambiental internacional, sino que también empodera a las naciones más vulnerables para exigir justicia climática con respaldo legal. Se abre así una nueva etapa donde la ética, la ciencia y el derecho convergen para enfrentar una de las mayores amenazas del siglo XXI.
