Crisis migratoria y de vivienda: el nuevo rostro del desamparo en Los Ángeles
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Martha vive con la angustia a cuestas. Su esposo fue detenido por agentes migratorios en julio cerca de Los Ángeles, y con su ausencia no solo perdió a su compañero de vida, sino también la única fuente de ingreso para mantener a sus dos hijas y evitar caer en situación de calle.
“El era el pilar de la familia. Ahora me toca a mí hacer todo”, cuenta esta madre mexicana que, por miedo a represalias, prefiere usar un seudónimo. Vive en Buena Park, un suburbio de la gran metrópoli californiana, donde paga 2,050 dólares de renta por un apartamento de apenas 65 metros cuadrados. Desde la detención de su pareja, su vida se volvió una carrera de resistencia: trabaja de noche en una fábrica por salario mínimo, duerme apenas tres horas y durante el día cuida a sus hijas de seis y siete años.
La historia de Martha no es única. Es parte de una nueva ola de crisis en el condado de Los Ángeles, donde la combinación de redadas migratorias, altos precios de vivienda y bajos salarios ha creado un entorno insostenible para miles de familias migrantes.
El ICE intensifica redadas: más de 2,200 detenciones en junio
Desde junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus operativos en zonas con alta presencia latina. Ferreterías, paradas de autobús, lavados de autos y otros centros de trabajo han sido blanco de redadas en las que agentes enmascarados detienen a personas indocumentadas sin importar si tienen o no antecedentes penales. Solo en junio fueron arrestadas más de 2,200 personas, y el 60% de ellas no tenía antecedentes criminales, según documentos internos del ICE obtenidos por AFP.
Esta ofensiva forma parte de una estrategia antiinmigrante del expresidente Donald Trump, que ha vuelto a tomar fuerza en año electoral. Sin embargo, sus consecuencias no solo afectan a quienes son detenidos, sino también a las familias que dependen de ellos para sobrevivir.
Migración, miedo y desamparo
“El problema no es solo quienes son arrestados, sino las familias que se quedan sin ingreso y viven con miedo de salir a trabajar”, explica Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores CLEAN. Su organización apoya a más de 300 hogares con ayuda económica directa, pero advierte que el panorama es desolador.
“Hemos tenido que entregar más de 30 mil dólares solo para ayudar a 20 familias con la renta. No damos abasto”, señala.
Para ella, lo que ocurre en Los Ángeles no es un simple efecto colateral de las políticas migratorias. Es una emergencia humanitaria.
Vivienda inaccesible y riesgo de desalojo
En Los Ángeles, el número de personas sin hogar supera las 72,000 y podría crecer si no se toman medidas urgentes. El alquiler promedio supera los 2,000 dólares, mientras el salario mínimo apenas alcanza para cubrir lo básico.
La alcaldesa Karen Bass ha anunciado un fondo especial financiado con recursos filantrópicos para ayudar a familias afectadas. Sin embargo, la ayuda propuesta —tarjetas con “unos pocos cientos” de dólares— no cubre ni el 10% del alquiler promedio, según González.
Activistas proponen reactivar una moratoria de desalojos como la que se implementó durante la pandemia, pero aún no hay acuerdos concretos.
“Apenas sobrevivimos”
La situación también golpeó a María Martínez, una estadounidense de 59 años cuyo esposo fue arrestado en junio. Su renta es de 1,800 dólares y su ingreso por discapacidad es de apenas 1,000. “Sin la ayuda de mis hijos no tendría cómo pagar. Es estresante, apenas sobrevivimos”, comenta.
Mientras tanto, miles de familias viven con el temor de ser las siguientes. La criminalización de la pobreza y la migración está dejando un saldo silencioso pero devastador en una de las ciudades más ricas y desiguales del país.
