
CDMX a 18 de septiembre, 2025.- Esta mañana la Secretaría de Gobernación fue escenario de un nuevo capítulo en el debate político del país: Rosa Icela Rodríguez se reunió con magistrados del TEPJF, encabezados por la magistrada presidenta Mónica Soto, para afinar los detalles de la reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo que está en la mesa incluye cambios estructurales al sistema político mexicano que podrían redefinir cómo se organizan las elecciones, quién recibe financiamiento y cómo se representa a la ciudadanía.
En el acto participaron figuras clave: por el Tribunal Electoral, las magistradas Claudia Valle Aguilasocho y Janine Otálora Malassis, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Gilberto Bátiz García. Por parte del Ejecutivo, además de Rosa Icela, asistieron Pablo Gómez, Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar, Lázaro Cárdenas Batel, José Antonio Peña Merino, Christian Jaramillo y otros integrantes de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral.
Uno de los mensajes centrales que salió de la reunión fue que esta reforma debe verse como una oportunidad. Mónica Soto lo resumió: hay retos identificados como el efecto de las redes sociales en la opinión pública, el uso de inteligencia artificial, y problemas operativos en los procesos electorales judiciales, todos ellos temas que deben atenderse para que el sistema funcione con más transparencia y eficiencia.
En paralelo, Sheinbaum ha dicho que la propuesta no contempla desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), ni ceder su autonomía. Lo que sí está sobre la mesa: reducir el presupuesto de los partidos políticos (que hoy absorben miles de millones de pesos), revisar la representación proporcional —esos diputados plurinominales que muchas personas creen están sobrerrepresentados— y evaluar mecanismos como el voto electrónico, así como revisar los institutos electorales locales (OPLES), su función, duplicación de tareas, costos y pertinencia.
Algunos sectores como exconsejeros del INE advierten que los cambios deben tener consenso y no hacerse solo desde el poder mayoritario, para evitar desconfianza institucional.
Las audiencias públicas que ya empezaron son fundamentales: aunque hasta ahora predominan voces afines a la Cuarta Transformación, se espera que en los próximos meses se escuchen opiniones de organizaciones civiles, oposición, académicos, comunidades indígenas y ciudadanos en general. La meta declarada del gobierno es presentar la iniciativa antes de que termine el periodo ordinario del Congreso.
El debate está servido: ¿la reforma generará más democracia al hacer el sistema más eficiente y cercano a la ciudadanía, o abrirá espacios para concentrar poder y marcar reglas que favorecen al partido en el gobierno? De eso dependerá cómo se vea este cambio dentro de unos años.