Semarnat dice “NO” al Cuarto Muelle en Cozumel y ordena nueva evaluación
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Tras años de protestas, firmas ciudadanas y denuncias ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anuló la autorización en materia de impacto ambiental (MIA) del controvertido proyecto “Cuarto Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”. La decisión tomada el 11 de septiembre de 2025 cancela el permiso que había sido otorgado en diciembre de 2021, lo que obliga a reabrir el proceso de evaluación bajo criterios mucho más exigentes.
El proyecto, promovido por la empresa Muelles del Caribe, estaba ubicado sobre costas del lado noroeste de la isla y contemplaba una inversión de aproximadamente 511 millones de pesos. La estructura incluiría un muelle en forma de “L” para el atraque de cruceros de hasta 362 metros, pasarela de acceso, terminal de cruceros tipo edificio de tierra, locales comerciales, estacionamientos y conexiones en zona federal marítimo terrestrial.
Lo que detonó la revocación fueron reclamaciones ciudadanas y observaciones técnicas sobre cómo el proyecto ignoraba elementos clave: no se habría evaluado adecuadamente el daño al Arrecife Villa Blanca, un ecosistema coralino fuera del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel; la posible pérdida de acceso público a playa Villa Blanca; la omisión del impacto sobre pastos marinos y flora y fauna costeras; y la falta de sustentabilidad en el plan de mitigación.
El Colectivo Ciudadano Isla Cozumel y organizaciones como CIMAC (Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel) jugaron un papel decisivo: más de 134,757 firmas se entregaron rechazando el muelle, foros ciudadanos exigieron transparencia, y estudios independientes cuestionaron los argumentos técnicos del proyecto.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, declaró que la versión original de la manifestación de impacto ambiental “no tenía todos los elementos que se requerían” y que “el cuarto muelle no tenía sentido en el sitio elegido”, pues los daños que podrían causarse a arrecifes, fauna y flora eran de gravedad.
Ahora, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) deberá llevar a cabo una nueva evaluación conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Este nuevo procedimiento se hará bajo criterios de mayor exigencia técnica, transparente y con participación ciudadana pública.
El arresto de la autorización anticipa desafíos: el proyecto necesita reconstruir su expediente técnico, responder a demandas legales de comunidades afectadas, y demostrar que los beneficios son realmente mayores que los impactos sociales y ambientales. Además se abre un precedente: que la sociedad organizada pueda frenar obras que no respetan los ecosistemas ni el derecho al acceso público. Cozumel ahora mira hacia adentro, hacia sus arrecifes, playas y valores naturales, exigiendo que su belleza no sea sacrificada por el turismo de gran escala sin responsabilidad.
