
Tabasco a 23 de septiembre, 2025.- En Tabasco se desata otra polémica más. El Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción decidió reservar por 5 años toda la información patrimonial del exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como “Comandante H”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.
La medida, tomada por unanimidad, justifica que revelar los bienes, intereses y propiedades del exfuncionario podría entorpecer investigaciones abiertas, amenazar la seguridad pública o incluso la integridad física de Bermúdez. Se aplica bajo el amparo del artículo 105 de la Ley de Transparencia de Tabasco, que permite reservar datos cuando su difusión pueda interferir con procesos penales o vulnerar el derecho al debido proceso.
Pero la decisión llega en un contexto muy cargado. Bermúdez enfrenta acusaciones graves: asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Fue detenido en Paraguay recientemente, donde vivía en una residencia lujosa, luego trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha señalado que trabaja en múltiples carpetas de investigación en contra de funcionarios cercanos a Bermúdez que pudieran tener nexos con “La Barredora”.
La excusa legal para mantener los datos en reserva genera críticas sobre los límites de la transparencia en casos de alto perfil. ¿Dónde queda el derecho ciudadano a saber si un exfuncionario en esas circunstancias dejó propiedades opacas o usó sus cargos para fines indebidos? ¿Se está protegiendo la investigación o se está protegiendo al acusado? Las voces de la sociedad civil, medios y partidos de oposición ya advierten riesgos de impunidad si pasamos de la reserva temporal a la omisión permanente.
El plazo fijado indica que los datos serán públicos hasta agosto de 2030, siempre y cuando para entonces no existan impedimentos legales que justifiquen continuar con la reserva.
El caso Bermúdez refuerza la urgencia de revisar cómo operan los mecanismos de transparencia en México, especialmente cuando involucran a personajes señalados por delitos graves. No solo es una cuestión de legalidad, también de confianza ciudadana: cuando se reserva información relacionada con corrupción o crimen, se siembra sospecha.