El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, desmintió categóricamente la existencia de una transferencia o donación por 100 millones de dólares en ayuda humanitaria supuestamente gestionada por el gobierno de los Estados Unidos. A través de una declaración oficial en la plataforma X, el funcionario señaló que no hay registro de dicha cifra en las cuentas fiscales ni en los canales de distribución de la isla caribeña.
Rodríguez cuestionó la veracidad de las afirmaciones del Departamento de Estado, calificando el anuncio como una construcción narrativa sin sustento material. La cifra mencionada representaría un alivio logístico significativo para la adquisición de suministros básicos, sin embargo, el canciller aseguró que ninguna institución cubana ha sido notificada sobre el protocolo de entrega o el origen de estos activos.
El diplomático exigió precisiones técnicas sobre la naturaleza de la supuesta ayuda. En su mensaje, solicitó aclarar si el monto se entregaría en divisas líquidas para la compra directa de energéticos o si se trataría de suministros físicos. Este punto es crítico, dado que Cuba enfrenta un déficit operativo en su red eléctrica y de transporte desde el primer trimestre de este año.
En el desglose de su reclamo, el canciller pidió identificar a las empresas o agencias que actuarían como intermediarias en la compra de los productos. La falta de transparencia en la cadena de suministro sugerida por Washington es, según la administración de La Habana, una evidencia de la inexistencia del apoyo. No se han reportado fechas de entrega ni mecanismos de distribución entre la población civil.
La postura de la cancillería vincula este anuncio con las restricciones operativas que sufre la isla para la importación de hidrocarburos. Según datos oficiales, el cerco logístico al combustible se ha intensificado desde enero de 2026, lo que ha generado una contracción en el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial y una afectación directa en la movilidad urbana y la generación termoeléctrica.
Rodríguez enfatizó que, antes de anunciar ayudas extraordinarias, la solución técnica más eficiente sería el levantamiento de las sanciones que impiden las transacciones comerciales regulares. La administración cubana sostiene que la retórica del auxilio humanitario colisiona con la realidad de las sanciones financieras que bloquean pagos a proveedores internacionales de medicinas y alimentos básicos.
Finalmente, el gobierno de la isla cerró su postura oficial tildando el hecho como un «sucio negocio» que busca vulnerar la autonomía de gestión del país. Hasta el cierre de este reporte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha emitido un desglose oficial de la ejecución de los 100 millones de dólares mencionados ni ha respondido a los cuestionamientos técnicos de la contraparte cubana.
