Celia Maya encabeza el Tribunal de Disciplina Judicial: justicia con rostro ciudadano
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Un nuevo comienzo para el Poder Judicial
En un acto que reunió a los representantes de los tres Poderes de la Unión, la magistrada Celia Maya García asumió la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano recién creado para supervisar la conducta de quienes imparten justicia en México. Su instalación marca el inicio de una etapa que busca reconciliar al Poder Judicial con la ciudadanía, respondiendo a una demanda social largamente pospuesta: un sistema más ágil, transparente y humano.
El simbolismo de la presidencia
La designación de Celia Maya como presidenta por un periodo de dos años no es un detalle menor. Se trata de una figura con trayectoria sólida, capaz de equilibrar la experiencia jurídica con una visión humanista. Su liderazgo encarna el “tiempo de mujeres” que, como ella misma ha subrayado, se refleja en la presencia femenina en espacios donde tradicionalmente prevalecieron los hombres. No es retórica vacía: es un mensaje directo a quienes dudan de la pertinencia de la reforma judicial.
Justicia más allá del castigo
En su mensaje inaugural, Maya dejó claro que este tribunal no se convertirá en una inquisición moderna. “Nuestra misión no será perseguir, sino formar”, subrayó, reforzando la idea de que la ética y la profesionalización deben ser los ejes del Poder Judicial. El énfasis está puesto en la cercanía con la gente: atender con dignidad, dar procesos ágiles y resolver con justicia, sin el lastre de la burocracia ni el fantasma del nepotismo.
La reforma judicial como revolución silenciosa
El magistrado Bernardo Bátiz Vázquez apuntó que esta reforma implica un cambio radical: un poder históricamente distante y opaco ahora se abre a la supervisión y a la rendición de cuentas. En ese sentido, la presidencia de Maya simboliza no solo un nuevo órgano, sino una revolución silenciosa que busca que el ciudadano común deje de ver a los jueces como figuras inalcanzables y los perciba como servidores públicos sujetos a reglas claras.
Un poder judicial con rostro ciudadano
Los discursos de magistrados como Eva Verónica de Gyvés e Indira Isabel García Pérez coincidieron en un punto: el TDJ no solo debe castigar la mala conducta, sino reconstruir la confianza social. La justicia, dijeron, debe dejar de ser un trámite frío para convertirse en un derecho tangible. El propio magistrado Rufino H. León Tovar garantizó que se velará por criterios uniformes y procedimientos claros, evitando discrecionalidad y privilegiando la certeza jurídica.
Transparencia, austeridad y eficiencia
La promesa no se queda en lo conceptual. El nuevo tribunal, según lo expuesto, funcionará con gasto austero y eficaz, rompiendo con la percepción de que el Poder Judicial es un espacio de privilegios. La transparencia y la rendición de cuentas serán prácticas obligatorias, no discursos de ocasión. Maya sabe que el descrédito hacia las instituciones no se resuelve con declaraciones, sino con hechos verificables y resultados visibles.
Un acto con resonancia política
La ceremonia de instalación contó con figuras clave: desde las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por su presidente Hugo Aguilar Ortiz, hasta la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. También asistieron el senador Gerardo Fernández Noroña y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. La presencia de estos actores subraya que el TDJ no es un simple órgano administrativo, sino un componente estratégico en la consolidación del nuevo mapa político e institucional.
Justicia viva y en movimiento
El mensaje que deja la instalación del Tribunal de Disciplina Judicial es claro: la justicia mexicana está más viva que nunca. Con Celia Maya al frente, el reto será convertir las promesas de ética, agilidad y cercanía en una práctica diaria. El humor negro de la política dicta que muchos preferirían que nada cambiara, que los viejos privilegios siguieran intactos. Pero si el TDJ cumple su misión, esa comodidad se acabará. Y la ciudadanía, por fin, tendrá razones para creer que la justicia no es un lujo, sino un derecho.
