Por Bruno Cortés
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, salió a explicar uno de los temas más complejos y menos entendidos dentro de la política mexicana: cómo funciona realmente un juicio político y cuál es la diferencia con un proceso penal o con el retiro de fuero a un funcionario público.
En medio de la discusión por las denuncias relacionadas con funcionarios de Sinaloa y Chihuahua, Monreal insistió en que cualquier procedimiento debe realizarse con apego a la ley, respeto al debido proceso y sin convertir temas jurídicos en espectáculos políticos o mediáticos.
El legislador respaldó además la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a los procesos de extradición entre México y Estados Unidos. Señaló que, así como el gobierno estadounidense puede rechazar solicitudes de extradición si considera que no existen pruebas suficientes, México también tiene derecho a actuar bajo sus propias leyes y tratados internacionales.
Monreal sostuvo que la relación bilateral debe mantenerse bajo principios de cooperación y respeto mutuo, especialmente en temas delicados como seguridad, justicia y combate al crimen organizado.
Uno de los puntos centrales de su explicación fue aclarar qué es un juicio político. En términos sencillos, explicó que no se trata de un proceso para encarcelar a alguien. Su objetivo principal es destituir o inhabilitar políticamente a un servidor público cuando se considera que cometió actos graves contra las instituciones, la Constitución o el funcionamiento democrático del país.
Es decir, un juicio político no necesariamente implica cárcel. Lo que busca es impedir que una persona continúe ocupando cargos públicos durante determinado tiempo.
Monreal detalló que en este procedimiento la Cámara de Diputados actúa como una especie de fiscal que investiga y acusa, mientras que el Senado funciona como jurado encargado de decidir si el funcionario debe ser sancionado políticamente.
En cambio, la declaración de procedencia —conocida popularmente como desafuero— sí tiene implicaciones penales. Ahí lo que se busca es retirarle la inmunidad procesal a un funcionario para que pueda ser investigado o juzgado por delitos ante tribunales.
El legislador explicó que en el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcance de un eventual juicio político sería limitado debido a que ya solicitó licencia y no se encuentra en funciones. Según dijo, en ese escenario ya no se le puede destituir ni retirarle el fuero, y únicamente podría discutirse una eventual inhabilitación política.
Por otro lado, Monreal consideró que la situación de María Eugenia Campos Galván es distinta porque continúa en funciones. Según argumentó, en ese caso sí podría aplicarse un juicio político si se acreditara una violación constitucional relacionada con acuerdos o cooperación indebida con agencias extranjeras.
El morenista hizo referencia a señalamientos sobre presuntos acuerdos con agencias estadounidenses como la CIA o la DEA sin autorización federal. Aseguró que la Constitución prohíbe a los gobiernos estatales establecer alianzas o convenios internacionales en temas de seguridad nacional sin autorización de la Federación.
Más allá del debate político, Monreal insistió en que el procedimiento legal no depende directamente de la Junta de Coordinación Política, sino de un proceso técnico y parlamentario establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Explicó que primero se presenta la denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, posteriormente pasa a las comisiones de Gobernación y Justicia, y después se integra una Subcomisión de Examen Previo que analiza si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento.
En otras palabras, no es una decisión inmediata ni política tomada por un solo grupo parlamentario, sino un mecanismo que requiere análisis jurídico, revisión de pruebas y votaciones legislativas.
Monreal también pidió que el debate se mantenga en un nivel institucional y sin polarización, al señalar que este tipo de discusiones deben ayudar al país y no convertirse únicamente en confrontaciones partidistas.
El tema cobra relevancia porque refleja cómo el Congreso mexicano utiliza herramientas de control político para supervisar a gobernadores, altos funcionarios y servidores públicos. Aunque suelen escucharse términos como “juicio político” o “desafuero” en medios y redes sociales, pocas veces se explica que son procesos distintos y con consecuencias legales diferentes.
